CONFLICTOS AMBIENTALES Y DEBATE PÚBLICO
EN ARGENTINA
Environmental conflicts and public debate in argentina
fecha recepción: 6 de junio de 2022 / fecha aceptación: 21 de junio de 2022
Gabriela Merlinsky1
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Merlinsky, G. (2022). Conflictos ambientales y debate público en Argentina. Revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, 8(1), 124-138.
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Resumen
En este artículo propongo alimentar el debate en torno al proceso de divulgación de los resultados de investigación en ámbitos que forman parte de ese sustrato común en el que se construyen las causas ambientales. Mi presentación se va a concentrar en mostrar algunos aspectos referidos a la discusión de los resultados de investigación, la politización del debate en torno a los significados de esos hallazgos y sus implicancias para una alimentar una reflexión de largo aliento sobre el carácter público del trabajo sociológico en Argentina.
El argumento central es que, dado el carácter público que asume la construcción de ciertos problemas de investigación, la presentación de los hallazgos se da en un contexto en el que el debate ya tiene conexiones con otros ámbitos de deliberación. En no pocas ocasiones es el público quien cuestiona el rol de las agencias estatales y las corporaciones en términos de la producción del conocimiento, abriendo un debate sobre el posicionamiento del investigador en relación a los saberes que están en juego. De este modo, al presentar los resultados se plantean debates en los que se hacen visibles las preguntas del público en torno a las implicancias políticas de las investigaciones y acerca del rol del conocimiento científico en la construcción de visiones y alternativas de mundos.
Palabras clave: alternativas de mundos, conflictos ambientales, debate público, sociología argentina.
Abstract
In this article I propose to feed the debate around the process of disseminating research results in areas that are part of that common substratum in which environmental causes are built. My presentation will focus on showing some aspects related to the discussion of research results, the politicization of the debate around the meanings of these findings and their implications for a long-term reflection on the public nature of sociological work. in Argentina.
The central argument is that, given the public character assumed by the construction of certain research problems, the presentation of the findings takes place in a context in which the debate already has connections with other areas of deliberation. On many occasions, it is the public who questions the role of state agencies and corporations in terms of the production of knowledge, opening a debate on the position of the researcher in relation to the knowledge that is at stake. In this way, when presenting the results, debates are raised in which the public’s questions about the political implications of the research and about the role of scientific knowledge in the construction of visions and alternative worlds are made visible.
Keywords: Argentine sociology, alternative worlds, environmental conflicts, public debate.
Introducción
Desde sus inicios, las ciencias sociales han alimentado una doble vocación por obtener un conocimiento de la sociedad y ejercer influencia en ella mediante la propagación de sus ideas. Es por eso que construir una voz pública ha sido un núcleo central de preocupaciones: para Marx no se trata de conocer el mundo sino de transformarlo; es Max Weber quien sentó las bases para una distinción entre la política como profesión y la ciencia como vocación asumiendo que se trata de tareas relacionadas y, por su parte, Emile Durkheim señaló que la sociología debe colaborar en la tarea de orientar la acción humana.
Si bien esta aspiración de influir en la vida social ha estado presente a lo largo de la historia de la disciplina, las invocaciones a una “sociología publica” son más recientes. El concepto se atribuye a Herbert Gans (1989), quien lo introduce en ocasión de su discurso presidencial a la American Sociological Association al reclamar la implicación del sociólogo como un intelectual público con habilidad para comunicar ideas de manera efectiva, con capacidad de dirigirse a una audiencia amplia y proponer debates sobre asuntos de especial trascendencia. Una segunda corriente surge a partir de los primeros años 2000, cuando la noción de sociología pública comienza a asociarse frecuentemente con la figura de Michael Burawoy (2005). Esta nueva versión recupera la tradición de la orientación popular, aunque adopta unos rasgos más específicos pues quiere interesar a los sociólogos para que sean parte de un movimiento que participe en la construcción de causas públicas, la formulación de políticas públicas, el activismo político, la alianza con movimientos sociales y otros grupos e instituciones de la sociedad civil. En la sociología anglosajona esto ha alimentado un interesante debate que, sin embargo, responde a altos grados de institucionalización y especialización. En ese sentido, el llamado de Burawoy (2005) es también un esfuerzo por reunificar el campo profesional y académico para que este tenga mayor visibilidad social.
La presencia de la sociología en el debate público en América Latina muestra una situación muy diferente, caracterizada por un campo más poroso donde la relación entre los académicos de las ciencias sociales y el público suele formar parte de una arena compartida en movimientos sociales, foros de debate, protestas e intervenciones públicas.
En esta región del mundo la relativa autonomía del campo científico y cultural se ha expresado en la presencia de verdaderas contra-élites en las décadas de los sesenta y setenta. Si bien este proceso de relativa autonomía tuvo un momento de retracción durante el período de las dictaduras militares, esto ha constituido una impronta que continúa presente en vida cultural y en el rol que juega la academia en la vida pública. A partir de los años ochenta, y colaborando decididamente con los procesos de apertura democrática que se dieron en la región, se fueron construyendo campos político-académicos que han librado batallas junto a movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos con el propósito de construir asuntos públicos. En la actualidad, estas causas públicas proponen que el mundo científico no debe ser apenas un espacio de resolución de problemas planteados por el poder, sino un lugar donde se construyen preguntas sobre la relación entre el saber y los poderes establecidos.
Para los sociólogos el problema no es “ir hacia el público”, sino encontrar su lugar en esos espacios en los que se ponen en tensión posiciones y posibles alianzas entre los académicos y diferentes grupos sociales y políticos. Aquí los científicos sociales proponen ideas que son debatidas y contestadas por profesionales, políticos, activistas de movimientos sociales, expertos, funcionarios públicos y una multiplicidad de actores sociales. El punto central es que en esas discusiones se pone en cuestión el rol que deberían ocupar los académicos en la sociedad.
En Argentina esta situación se caracteriza, además, por un alto nivel de politización de la vida académica gracias a un modelo de co-gobierno universitario que se instituye por elecciones abiertas en las que participan los estudiantes, graduados, profesores y trabajadores no docentes. Esta experiencia produce tempranas vocaciones intelectuales que combinan la participación en partidos políticos y movimientos sociales con la docencia y la investigación, un aspecto que también marca la fuerte presencia de la universidad pública en los debates. A esto contribuye la existencia de consensos en torno de la defensa del derecho a la educación como bien público, algo que define la gratuidad de la enseñanza como un acuerdo básico innegociable.
En los últimos quince años he realizado investigaciones y he participado en el debate social en torno de causas públicas que reclaman por afectaciones ambientales. Entre otras acciones, he formado parte de diversas campañas de sensibilización en torno de los problemas de polución ambiental, he participado en diferentes asambleas que resisten a la instalación de la minería a cielo abierto y he acompañado diferentes reclamos por la sanción de leyes de protección ambiental.
Un elemento común de estas acciones colectivas es que representan formas de respuesta a la expansión de actividades económicas que conllevan extracción intensiva de recursos, expansión de vertederos y riesgos de contaminación para quienes el ambiente es la base material del sustento (Guha y Martínez Alier, 1997). Las deliberaciones de esos colectivos plantean interrogantes acerca del valor del agua, la tierra, el paisaje y la salud considerados como bienes públicos. Se trata de espacios de experimentación social que relacionan de forma novedosa los objetivos de la justicia ecológica con los antiquísimos reclamos por la justicia social.
Mis investigaciones han buscado comprender de qué manera diferentes conflictos ambientales han logrado concitar atención, transformarse en objeto de preocupación social y ganar espacio en el debate público. Los resultados han sido publicados bajo la forma de artículos científicos, pero también en medios de divulgación y en dos libros con artículos que son de libre acceso al público a través de la plataforma de la biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Estos trabajos han tenido una buena acogida entre los activistas de diferentes organizaciones quiénes, por su parte, son lectores interesados en diversos temas sobre ecología política y ambiente. Escribir sobre el conflicto ambiental en un clima social de construcción de causas públicas ha alimentado una mirada introspectiva sobre mi papel en ese proceso.
En este artículo quisiera aportar a la discusión sobre el proceso de divulgación de los resultados de investigación en ámbitos que forman parte de ese sustrato común en el que se construyen las causas ambientales. Mi presentación se va a concentrar en mostrar algunos aspectos referidos a la discusión de los resultados de investigación, la politización del debate en torno de los significados de esos hallazgos y sus implicancias para un alimentar una reflexión de largo aliento sobre el carácter público del trabajo sociológico en Argentina.
Suponer que el modelo anglosajón de la sociología pública podría aplicarse sin más a estas latitudes es asumir que los respectivos campos científicos y profesionales son independientes de los contextos geopolíticos; por eso, considero importante abrir interrogantes sobre las políticas globales del conocimiento en las ciencias sociales. Para contribuir a esa discusión quisiera mostrar que la formación de los campos académicos de las ciencias sociales en Argentina tiene un carácter fundacional y un desarrollo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo mediante la participación en diferentes luchas sociales y políticas.
Mi argumento central –y esta es una distinción fuerte con las preocupaciones de la sociología pública en el mundo anglosajón– es que, dado el carácter público que asume la construcción de ciertos problemas de investigación, la presentación de los hallazgos se da en un contexto en el que el debate ya tiene conexiones con otros ámbitos de deliberación. En no pocas ocasiones es el público quien cuestiona el rol de las agencias estatales y las corporaciones en términos de la producción del conocimiento, abriendo un debate sobre el posicionamiento del investigador en relación a los saberes que están en juego. De este modo, al presentar los resultados se plantean debates que, aun cuando tomen en cuenta el enfoque y cuestiones de datos, en realidad muestran el interés del público por plantear interrogantes en torno de las implicancias políticas de las investigaciones y acerca del rol del conocimiento científico en la construcción de visiones y alternativas de mundos.
Cuando los resultados de investigación se discuten en asamblea
Con grupo de autores hemos publicado tres tomos de una obra colectiva denominada Cartografías del conflicto ambiental en Argentina (Merlinsky, 2014; 2016; 2020). Estos incluyen los resultados de un proyecto colectivo de investigación que, desde un enfoque común, analiza el proceso de formación de actores colectivos y causas públicas sobre la cuestión ambiental en Argentina. Los textos presentan narrativas de estudios de caso cuya selección ha sido el resultado de diferentes procesos de colaboración con grupos y organizaciones ambientalistas.
Los trabajos que componen estas compilaciones dan cuenta de experiencias muy potentes en las que diferentes grupos se oponen a la instalación de la minería a cielo abierto, disputan con los sectores más concentrados de la producción agropecuaria aliados a multinacionales como Monsanto y resisten a la implantación de proyectos inmobiliarios que alteran cuencas y humedales, entre otros tantos ejemplos. La característica común de estos reclamos es que logran detener por un tiempo los proyectos, judicializar los reclamos, obtener ordenanzas municipales regulatorias y/o conseguir la delimitación de zonas de protección ambiental. Se trata de salidas provisorias que, por lo general, no permiten el cierre del conflicto, pero que representan resultados importantes de estas batallas por la justicia ambiental.
Desde un enfoque común, que respeta la singularidad de las experiencias, el propósito de estas cartografías es identificar los territorios del conflicto, seguir a los actores en sus agrupamientos colectivos, analizar las controversias y oposiciones para, de este modo, establecer cómo es que se construyen los problemas públicos. Una clave común de interpretación del texto es que los conflictos se desplazan en tiempo y espacio produciendo transformaciones en otras esferas de la vida social, aspecto que denominamos productividad del conflicto.
Como el texto se publicó en espacio abierto –la plataforma del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)– esto facilitó su divulgación, por lo que ha tenido cierta repercusión entre los participantes en las asambleas ciudadanas ambientales2 . Esto hace que, en ocasiones, la presentación de los artículos en diferentes mesas redondas, talleres y conferencias convoque a diferentes públicos, en especial a los actores que tienen participación activa como demandantes en esos conflictos. En estas ocasiones, cuando se abre la mesa a la ronda de preguntas y son los activistas de las asambleas ciudadanas ambientales los que toman la palabra, se producen valiosos intercambios en los que se somete a escrutinio la presentación pública de resultados de investigación, se confrontan estos trabajos con diferentes experiencias de organización colectiva y se plantean nuevos interrogantes sobre los hallazgos.
Un punto interesante en estas discusiones es que nuestros interlocutores ya han leído partes del libro y, en algunas ocasiones, dicen haberlo utilizado como material de formación en talleres y actividades colectivas. Pero más interesante aún es que tienen opiniones previamente construidas con respecto a diferentes asuntos y ello se debe, además, a que también han participado en procesos de producción de conocimiento colectivo y en la recuperación de saberes locales. Cuando se trata de identificar las causas de los daños al ambiente o la salud, es frecuente que los pobladores y organizaciones territoriales, con la ayuda de grupos expertos, desarrollen diferentes investigaciones para establecer los orígenes de un problema que los afecta. Estos relevamientos incorporan la epidemiología popular (Brown, P. y Mikkelsen, E. J. 1990; Akrich et al., 2010), incluyen la realización de “campamentos sanitarios” con la participación de médicos comprometidos en luchas ambientales y la realización de campañas de difusión que incluyen la producción de cartillas, materiales, libros de divulgación y material filmográfico.
En algunos casos, los actores conocen la literatura sobre ciencia ciudadana que destaca el rol que juega el activismo en la producción de conocimiento (Woodhouse, et al., 2002) y desarrollan argumentaciones en línea con la teoría de “ciencia posnormal” (Funtowicz y Ravetz, 1993). Por todas esas razones, es importante destacar que la discusión de los hallazgos de investigación se produce en interacción con actores que tienen una idea clara del valor que tienen los conocimientos y los medios de prueba en las controversias ambientales, que están interesados en confrontar el conocimiento que han producido y que están dispuestos a promover un diálogo de saberes.
Una categoría que utilizamos en la investigación, y que llama la atención del público, es la que refiere a la productividad de los conflictos ambientales. Posiblemente porque permite poner en relación estas experiencias de producción de conocimiento local con los hallazgos de investigación y, además, porque permite una reflexión sobre escenarios de futuro. En esas ocasiones hay dos situaciones que tienden a repetirse: o bien la discusión en torno de la productividad de los conflictos puede conducir a algunos equívocos en lo que es necesaria una tarea de aclaración de parte de los investigadores o, en situaciones en que hay una mayor apertura del debate, los asistentes hacen uso del concepto como herramienta analítica.
En relación con el primer punto, en ocasiones hay cierta confusión con la categoría de productividad pues genera cierto equívoco al quedar asociada con los efectos positivos de un conflicto. Y aquí es preciso decir que, para muchos de estos participantes de la discusión, en su percepción subjetiva, ser parte del conflicto ha impactado negativamente en su vida cotidiana, generando costos personales y familiares e, incluso, en algunas ocasiones, ha implicado sufrir la violencia institucional o ser objeto de acciones de criminalización de la protesta social. Mi idea no es que el conflicto es positivo para las personas o que permite mejorar condiciones de vida, sino que es un campo de acción que, en determinadas circunstancias, produce efectos políticos, sociales, institucionales y jurídicos en el sistema de relaciones sociales.
Frente a esa expectativa sobre lo positivo y lo negativo del conflicto, la respuesta alude a un argumento sociológico que reposiciona nuestra tarea en tanto analistas sociales, la que implica seguir la dinámica de un conflicto a lo largo del tiempo, asumiendo que se trata de acontecimientos que no tienen un cierre definitivo en términos de clausura social del problema. Muchas veces las autoridades, funcionarios, expertos y/o promotores de los proyectos suponen que los actores del conflicto podrían o deberían alcanzar un acuerdo en torno del objeto de la controversia, la que podría reducirse a un único punto de vista igualmente compartido por los participantes. Desde un punto de vista sociológico, presuponer “a priori” que todos deberían estar de acuerdo impide ver las condiciones de producción de ese conflicto. El foco de controversia es parte de un “equívoco controlado” donde puede haber una relación de interpretación diferencial entre términos homónimos con significados diferentes para cada una de las partes en conflicto (Viveiros de Castro, 2009; De la Cadena, 2010).
Para entender qué es lo que se pone en juego en estos conflictos es necesario ir más allá del relato de los acontecimientos y poner el foco en las transformaciones que estos generan en el sistema de relaciones sociales. Analizar la productividad de un conflicto implica pensar qué es lo que, en calidad de analistas sociales, podemos aprender de sus resultados más duraderos. Los conflictos permiten abrir un debate público, generar aprendizajes sociales y, sobre todo, son momentos de socialización política y jurídica. Esto no implica suponer que productividad es sinónimo de resultado positivo y existen situaciones en las que las asimetrías de poder que dan lugar al conflicto no se modifican, en todo caso se refuerzan. No siempre estas definiciones son compartidas por el público, pero suelen generar aperturas a nuevas discusiones.
En lo que refiere al segundo aspecto y que guarda relación con la utilización de las diferentes formas de productividad como herramientas de análisis, lo que solemos proponer son ejercicios comparativos recurriendo a la utilización de cuadros, infografías, esquemas y mapas. Estos dispositivos permiten poner en común diferentes casos y mostrar porqué en unos casos se dieron determinados efectos y en otros no. Es importante decir que en el libro hay muchos ejemplos de esa productividad, ya sean análisis que muestran los impactos de un conflicto en el régimen de acción territorial (por ejemplo, la creación de nuevas áreas protegidas) o en la juridificación (legislación que antes no se aplicaba y se volvió gravitante o, incluso, cambios en las regulaciones) o en términos institucionales (mecanismos institucionales de participación, creación de nuevos organismos, etc.). Aquí se produce un proceso de traducción relativamente exitoso porque los participantes utilizan las categorías para aplicarlas a nuevos casos, algo que enriquece nuestra casuística y produce interesantes discusiones acerca de cuáles son los contextos más representativos para mapear diferentes productividades.
Las situaciones más interesantes ocurren cuando la discusión se desplaza hacia un ámbito nuevo donde hay un proceso de negociación de los conceptos. En cierta ocasión, un participante me dijo que el modelo de análisis era útil, pero que faltaba incorporar la productividad sobre el sistema político, es decir, de qué manera un conflicto de alcance regional puede impactar en la constitución de un movimiento social, como fue el caso de la denominada “guerra del agua” en Bolivia, lo que significó un paso fundamental para la construcción del poder político del MAS con vistas a la elección que luego consagró a Evo Morales como presidente. Efectivamente, nuestro esquema de análisis trabaja mucho más en el plano local/regional y menos en el plano regional/nacional y eso se debe a que no tenemos suficiente casuística para hacer ese tipo de análisis. Pero fue ese planteo el que habilitó un momento de incertidumbre creativa y me permitió repensar el esquema de análisis incorporando nuevas categorías para analizar los efectos de los conflictos ambientales sobre el sistema político.
Demandas de posicionamiento político
Los actores que integran asambleas y realizan campañas para instalar ciertos temas en la agenda pública tienen muy presente que su tarea es hacer llegar su mensaje a colectivos más amplios. En las definiciones y gramáticas de acción colectiva de las asambleas ciudadanas ambientales, esto se resume en un enfoque y programa de acción que se presenta bajo la consigna de luchar contra el extractivismo. Se trata de una definición que incluye aspectos tan diversos como proponer formas de producción agroecológica, el reclamo por la autodeterminación de los pueblos, diferentes visiones del ecofeminismo, la defensa de los modos de vida de pueblos originarios y la discusión más amplia sobre los conceptos del buen vivir, tal como son definidos en las constituciones y en los debates de los diferentes colectivos en Bolivia y Ecuador.
En el discurso de los actores, estas definiciones evocan una región de enunciación que incluye la lucha de los pueblos de América Latina, por esa misma razón definen su posicionamiento en una relación subordinada en el mundo moderno-colonial. En sus palabras, América Latina ha estado sometida a la expansión del capital con el fin de aportar ingentes recursos humanos y naturales al proceso de acumulación, lo que tanto en el pasado como en el presente implica la desposesión de los territorios, de este modo, luchar contra el extractivismo implica, además, pensar los procesos de descolonización.
Los activistas que toman la palabra plantean públicamente denuncias en torno de la creciente intensificación de los procesos de extracción de recursos naturales, proceso que está en manos de grandes empresas trasnacionales y que implica el vaciamiento de territorios, modos de vida y culturas. Desde esta perspectiva, los actores se preguntan y nos preguntan de qué manera estas resistencias al extractivismo podrían lograr un mayor grado de influencia sobre el sistema político y de qué manera nuestras investigaciones podrían aportar en un mismo sentido. Los participantes buscan promover una discusión que permita unir voluntades y adhesiones a un programa de acción política donde la pregunta más importante es cómo se logra eficacia en la construcción de una causa pública y cuál sería la mejor manera de elaborar consignas y definiciones que ejerzan influencia sobre otros públicos, los medios de comunicación y los poderes públicos.
No tengo una respuesta definitiva a esta cuestión, pero seguidamente voy a presentar dos grupos de argumentos que me permiten clarificar mi lugar como investigadora en ese momento de la discusión en el que se me solicita hacer recomendaciones sobre posibles estrategias y líneas de acción política.
En primer lugar, propongo que nuestras investigaciones nos han permitido comprender con mayor profundidad de qué manera se produce la inscripción territorial de los conflictos ambientales. Se trata de entender de qué manera las luchas por la justicia ambiental asumen formas variadas y reconocen una orientación subjetiva que se deriva de la experiencia de vivir en un lugar particular. Mi posición política es reforzar esos lenguajes de valorización del territorio en términos de hacer visibles estas luchas y mostrar las diferentes formas en que se expresan. Si bien comparto la posición “anti-extractivista”, mi punto fuerte es mostrar la gran diversidad que asumen estos conflictos, que van desde formas de expresión de las autonomías territoriales de los pueblos indígenas hasta las demandas por mayor acceso a bienes y servicios sanitarios en barrios y asentamientos urbanos. La inscripción territorial de estas luchas asume variadas formas porque están en juego diferentes formas de inserción en la economía, estrategias de reproducción social y modos de vida. Mi aporte a la discusión es formular nuevas preguntas o reformular muchas de las cuestiones que se plantean en la discusión pública, evitando asumir una posición unificada respecto de lo que en conjunto deberíamos encarar como acción política. En todo caso, el valor político de nuestras investigaciones es que permite aportar distinciones en el análisis de las formas de manifestación de los conflictos, las que podrían quedar aplanadas si enfocamos el problema desde un único punto de vista que está sostenido por un programa de acción.
Y esto me lleva al segundo punto que tiene que ver con el diálogo político que podemos establecer entre los investigadores y los activistas. Considero que este diálogo tiene que ir en el sentido de una mayor reflexividad compartida, es decir, en términos de entender el proceso en el que estamos inmersos en tanto actores sociales. Para entender los conflictos buscamos comprender también cuáles son las condiciones locales y regionales en las que se hace posible la presencia de las industrias extractivas. Si el Estado es gran distribuidor de la renta extractivista, es importante reconocer diferentes factores socio-históricos gravitantes en términos del contexto socio-político e histórico de la formación de clases y el estado nacional. Por ejemplo, la megaminería ha avanzado en las provincias argentinas que están en la región de los Andes, con excepción de Mendoza que es un territorio donde existe una tradición de uso del agua administrada por regantes. A comienzos de este siglo, si bien hubo procesos de apropiación desigual del agua, son las elites locales las que no permiten el avance de la minería. Por esa razón es importante identificar elementos del contexto socio-político regional, dado que eso nos permite ponderar otros factores, comprender los fenómenos considerando sus complejidades y evitar caer en un ejercicio de sobregeneralización que es un obstáculo no solo para los investigadores, sino también para cualquier actor político que quiera analizar su marco de acción.
¿Quién traduce a quién? Sobre el carácter público del trabajo sociológico
Todos estos intercambios son oportunidades extraordinarias para establecer conexiones entre nuestro corpus sociológico y los modos de interpretación que producen diferentes actores sociales para dar cuenta de sus experiencias colectivas. La tarea de hacer audible los resultados de investigación más allá de los círculos académicos se vuelve viable bajo la condición de que estemos dispuestos a aceptar y a exponernos a situaciones en las que el conocimiento que producimos puede ser refutado por los actores que estudiamos.
Sin embargo, esta es una condición necesaria pero no suficiente para participar en el debate público. Una segunda condición importante es que podamos generar un ámbito de deliberación en el que los argumentos de unos y de otros puedan formar parte de un nuevo marco de inteligibilidad donde los resultados puedan ser cuestionados, apropiados, debatidos y reutilizados (Fassin, 2013).
Para generar ese nuevo espacio de intercambio es necesario reformular las preguntas de investigación, esta vez no para emprender un nuevo estudio, sino para tomar en cuenta una pluralidad de puntos de vista, demandas y posibles respuestas. Si bien nuestro rol como analistas sociales no es hacer recomendaciones finales acerca de los posibles cursos de acción para enfrentar una situación, no podemos dejar de tomar una posición cuando nos vemos afectados por esos conflictos o formamos parte de ellos.
La experiencia que he presentado puede entenderse como un ámbito de producción de conocimiento en términos de lo que Callon, Lascoume y Barthe (2001) denominan fórums híbridos, es decir, ámbitos de deliberación en los que participan públicos heterogéneos que son, asimismo, portavoces de diferentes colectivos, donde se superponen diferentes tipos de conocimiento (académico y extra-académico) y se combinan diferentes registros de análisis: político, académico, técnico, racionalidades culturales y religiosas alternativas, entre otros.
Sostengo que esos foros híbridos son un ámbito propicio para generar un desplazamiento de los conceptos que utilizamos tanto los investigadores como los actores implicados en un conflicto. Si reviso mis experiencias en torno de la discusión sobre cartografías del conflicto ambiental, puedo decir que en ciertas ocasiones he jugado un rol de traductora y en otros he tenido que confrontar posiciones, pero lo que siempre ha sucedido es que mi propia visión de algunos asuntos se ha transformado.
En el ejemplo que he analizado, la traducción ocurre cuando la deliberación se desplaza hacia un campo común de análisis donde los participantes hacen un uso común de categorías de análisis que vienen prestadas del campo académico y que se usan para analizar un problema. Esto sucede cuando los asistentes al debate mencionan que es posible hacer un análisis de la productividad de los conflictos ambientales y ofrecen ejemplos traídos de su experiencia para contrastar con nuestros hallazgos. Aquí no se trata de que coincidan con los resultados de nuestras investigaciones, lo que importa es que –y este es un indicador palpable de este proceso de traducción– los actores que forman parte de la discusión utilizan los conceptos presentados en las investigaciones como sus propias categorías para emprender el análisis.
Por otra parte, la confrontación supone una discusión abierta donde los interlocutores cuestionan el uso de los conceptos por su ajuste o desajuste con respecto a un posicionamiento político que ya han asumido previamente y donde, incluso, ya han definido quiénes son sus aliados y qué plataformas seguir. Para estos interlocutores la cuestión más importante es saber en qué medida nuestro trabajo puede jugar un rol auxiliar con respecto a posiciones previamente asumidas. La confrontación se vuelve más tensa cuando se espera que establezcamos posiciones de adhesión a ciertos movimientos, algo que como colectivo de investigadores hacemos en ciertas circunstancias, pero no siempre. En este punto la confrontación de ideas entra en el campo de la discusión política abierta, aquí es importante saber que este es uno de los desenlaces posibles cuando se trata de exponer resultados de investigación en un ámbito donde también participan los activistas sociales.
Cuando podemos exponer nuestras ideas, confrontarlas con las de los otros actores y esto abre nuevos interrogantes, podemos decir que tiene lugar un proceso de transacción, es decir, un proceso de migración de categorías que facilita la reformulación del problema de investigación. Esto es posible porque estos nuevos enunciados se construyen a partir de un universo de referencia compartido con los demás actores implicados en el debate político y académico. Como ya fue señalado, muchos de los activistas de estos movimientos conocen y son lectores críticos de la literatura de las ciencias sociales. Formados en el criticismo de las ciencias sociales latinoamericanas, saben cuál es la tarea del investigador, qué se puede esperar de un estudio sociológico, especialmente porque algunos de ellos han formado parte o aún participan en actividades académicas. Son estos actores quienes producen críticas a nuestros modos de construcción del conocimiento, impugnaciones que pueden ser desestabilizadoras no solo por las relecturas que proponen, sino por el lugar desde donde hablan.
Reflexiones finales. Estudiar y ser parte en el conflicto
Como decía Clifford Geertz, entablar una conversación es una cuestión bastante más difícil de lo que generalmente se reconoce. “Si hablar por algún otro parece un proceso misterioso”, observaba Stanley Cavell, “esto puede deberse a que hablar a alguien no parece lo suficientemente misterioso” (Geertz 2003, p. 27). El punto central de este artículo ha sido mostrar que los académicos de las ciencias sociales tenemos que reconocer la complejidad que asumen las diferentes formas de comunicación con el público.
Mi experiencia como investigadora en Argentina da cuenta del desafío de hacer explícita una posición allí donde las demandas políticas de los movimientos se hacen presentes en situaciones de controversia y donde se pone en cuestión el rol de los académicos en los conflictos sociales. Esta crítica abre nuevas preguntas en torno de la interpretación de los hallazgos y plantea un examen de sus implicancias en términos de las múltiples agendas que impulsan diferentes actores sociales y movimientos. Planteados en un ámbito público que tiene como objetivo la presentación de los resultados de una investigación en ciencias sociales, estos interrogantes conducen a un proceso de re-politización de las categorías de análisis, y ello se debe a que las preguntas hacen referencia a asuntos y problemas que originalmente no habían sido tratados o habían sido insuficientemente desarrollados por el trabajo académico.
Si la sociología pública, tal como se presenta en los debates de la academia norteamericana, busca ser un movimiento intelectual que da un contenido específico al concepto “público” asumiendo que se trata de una misión para la que es necesario adoptar una estrategia institucional, en Argentina en diferentes campos académicos de las ciencias sociales la relación con el público ya es parte de una arena pública compartida en la que se discute la construcción del conocimiento por fuera o más allá de los ámbitos especializados de las comunidades académicas.
Necesitamos democratizar estos debates más allá de las fronteras y encarar una discusión que considere la existencia de diferentes epistemologías nacionales, teniendo en cuenta los contrastes Norte-Sur en lo que hace a las condiciones sociales y políticas de producción del trabajo científico. En América Latina, la cuestión de hacer público el conocimiento científico no es tan solo una cuestión de lograr audiencias, sino que implica la irrupción de los actores sociales en los espacios académicos y esto forma parte de una construcción histórica en la que existen grandes ligazones entre movimientos intelectuales y movimientos sociales. Así, en los debates sobre el extractivismo hay que considerar la influencia que ejercen las y los pensadores de la corriente denominada “ecología política latinoamericana”, una tradición de pensamiento que está unida a las luchas de pueblos indígenas, campesinos y movimientos sociales. Es el paraguas conceptual de la ecología política latinoamericana el que habilita una disponibilidad semántica para la re-elaboración de conceptos que provienen de diferentes culturas y movimientos. Algunos autores, como Arturo Escobar (2014), plantean que es necesario hacer explícita la dimensión ontológica presente en los conflictos ecológicos que da cuenta de diversos mundos que son creados por los compromisos vitales. Se trataría de una reflexión que nos lleva al estrato más fundamental de la existencia en la que está implicada la relación entre el pensamiento y la construcción de mundos. Para los académicos que estudiamos los conflictos y vamos al encuentro de estos mundos, la cuestión de volverse público es también una forma diferente de mundificar la existencia.
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