UN DEBATE CONTEMPORÁNEO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE CONFLICTOS AMBIENTALES, ACCIÓN COLECTIVA Y POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO
A contemporary debate on the relationship between environmental conflicts, collective action, and knowledge policies
fecha recepción: 26 de marzo de 2022 / fecha aceptación: 7 de junio de 2022
Jimena Pesquero Bordón1
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Pesquero Bordón, J. (2022). Un debate contemporáneo sobre las relaciones entre conflictos ambientales, acción colectiva y políticas de conocimiento. Revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, 8(1), 55-72. https://doi.org/10.29035/pai.8.1.55
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Resumen
El artículo reflexiona en torno de la discusión contemporánea sobre la intersección entre conflicto ambiental, política de conocimiento y acción colectiva. Se opta por un abordaje del anudamiento de lo social, lo político y lo ambiental desde una perspectiva sociológica y latinoamericana. Dada la expansión y consolidación de un campo ambiental, se pone foco en las productividades del análisis desde las ciencias sociales de los conflictos ambientales en su configuración. Particularmente la territorialización y juridificación de la cuestión ambiental, por un lado, y la relación entre ciencia y política en la construcción de los problemas ambientales, por otro lado. Se concluye que el conflicto ambiental enriquece el paisaje del debate sociopolítico en términos democráticos. La acción colectiva con contenido ambiental en territorios múltiples pone en cuestión las formas de gobierno de los denominados bienes comunes que responden al canon democrático liberal con orientación de mercado (que reproduce un modelo de integración de la región como proveedor de materias primas) y su tendencia a la mercantilización de las condiciones de vida local. Se configuran arenas de deliberación pública en torno a lo ambiental que tienden a extenderse de lo local a lo global. A fin de procesar en términos democráticos las incertidumbres radicales que dinamizan las controversias sociotécnicas inherentes a la ciencia y la tecnología, se boga por la construcción de espacios de confluencia híbridos, multiactorales y multiterritoriales para la toma de decisión sobre cuestiones tematizadas como problemas ambientales. Para ello se pondera el paradigma de la ciencia posnormal frente a los límites que presenta el modelo de ciencia moderna. Desde este marco, abordar los debates en torno a la relación entre ciencia y política en arenas de deliberación pública civil y social como político-institucional. Considerando un escenario global de crisis civilizatoria visibilizado por el contexto de pandemia por COVID-19, se propone procesar los debates suscitados desde una epistemología pluralista de forma que amplíen los horizontes de participación política.
Palabras clave: Acción colectiva, Ciencia posnormal, Conflicto ambiental, Políticas de conocimiento, Sociología del conflicto ambiental.
Abstract
This article reflects on contemporary discussion on the intersection between environmental conflict, knowledge policy and collective action. An approach to the knotting of the social, the political and the environmental is chosen from a sociological and Latin American perspective. Given the expansion and consolidation of an environmental field, the focus is on the productivity of the analysis from the social sciences of environmental conflicts in their configuration. Particularly the territorialization and juridification of the environmental question, on the one hand, and the relationship between science and politics in the construction of environmental problems, on the other hand. It is concluded that environmental conflict enriches the landscape of socio-political debate in democratic terms. The collective action with environmental content in multiple territories calls into question the forms of government of the so-called common goods that respond to the liberal democratic canon with market orientation (which reproduces a model of integration of the region as a supplier of raw materials) and its tendency to commodify local living conditions. Arenas of public deliberation are set up around the environmental that tend to extend from the local to the global. In order to process in democratic terms the radical uncertainties that drives the sociotechnical controversies inherent in science and technology, it is advocated for the construction of hybrids, multi-actoral and multi-territorial confluence spaces for decision-making on issues themed as environmental problems. To this end, the paradigm of postnormal science is weighed against the limits presented by the modern science model. From this framework, address the debates around the relationship between science and politics in arenas of civil and social as well as political-institutional public deliberation. Considering a global scenario of civilizational crisis made visible by the context of the COVID-19 pandemic, it aims to make the debates raised viable from a pluralistic epistemology in a way that broadens the horizons of political participation.
Keywords: Collective action, Environmental conflict, Knowledge policies, Postnormal science, Sociology of environmental conflict.
Introducción
El siglo XX nos ha legado la visibilización de la cuestión ambiental. Esta se presenta como una de las dimensiones constituyentes de la cuestión social del siglo XXI (Merlinsky, 2021). Este artículo realiza una revisión teórica del debate contemporáneo sobre las relaciones entre conflictos ambientales, acción colectiva y políticas de conocimiento. El objetivo es analizar las contribuciones que pueden realizar las ciencias sociales que se abocan al estudio de los conflictos ambientales y cómo intervienen en el vínculo entre ciencia y política. Dar cuenta de las productividades del análisis desde las ciencias sociales de los conflictos ambientales en la configuración de la expansión y consolidación del campo ambiental. Para ello se hace foco en la perspectiva sociológica y latinoamericana, particularmente, los aportes que realiza la sociología del conflicto ambiental (Azuela y Musseta, 2009; Alimonda, 2011; Merlinsky, 2015, 2021; Straccia y Pizarro, 2019). Esta perspectiva, hoy en expansión, confluye en el espacio interdisciplinario nativo de la ecología política latinoamericana. Este auge de los estudios académicos en la región se vincularía al ciclo de conflicto ambientales en la región motorizado por la profundización de la desigualdad en términos ambientales que afecta a cada vez más poblaciones y territorios.
El aumento de la conflictividad por cuestiones ambientales en el siglo XXI en las sociedades latinoamericanas se ha agudizado en contexto de la pandemia por COVID-19, donde la asociación entre desigualdad, crisis ambiental y sanitaria se ha visibilizado (Svampa y Viale, 2020; Merlinsky, 2021, Bohoslavsky, 2022).
En primer lugar, se da cuenta de los debates en torno a la creciente expansión de los conflictos sociales de contenido ambiental, en el sentido que le otorgó Mauricio Folchi (2001) o de conflicto ambiental, como lo usan Gabriela Merlinsky (2008, 2015, 2021) y Antonio Azuela y Paula Musseta (2009), considerando a América Latina como sitio de enunciación múltiple y desde los márgenes (Alimonda, 2011). Se parte de la premisa sociológica –que aporta a la discusión la perspectiva de la sociología del conflicto ambiental– que comprende los conflictos, en este caso los ambientales, como ámbitos de socialización, es decir donde se configura la dinámica de la agencia y el proceso.
En segundo lugar, se plantea la discusión sobre el rol de las ciencias sociales en la construcción del problema ambiental. La misma conlleva una puesta en cuestión del modelo moderno de la relación entre ciencia y política. Considerando el escenario global de crisis civilizatoria agudizado por el contexto de pandemia (Van Aert et al., 2021), el paradigma de ciencia posnormal (Funzowicz y Strand, 2007) adquiere un renovado cariz en vista de la radicalización de las incertidumbres sociotécnicas.
El modelo moderno de relación entre ciencia y política atraviesa transformaciones en las sociedades contemporáneas en las que la crisis ambiental y sanitaria presentan una alta complejidad. En este artículo se entiende por política de conocimiento la gestión del conocimiento en sentido amplio, que incluye la actividad científica, para la producción y reproducción de las sociedades. La coyuntura pandémica amplifica la visibilidad de la existencia de incertidumbres inherentes al método científico y a los problemas complejos que enfrenta la práctica científica, constituyéndolas en un desafío a la gobernanza, de lo local a lo global.
Se analiza la configuración contemporánea de arenas de deliberación pública en torno a lo ambiental, prestando particular atención a dos dimensiones: la territorialización y la juridificación de los conflictos ambientales. Desde la perspectiva sociológica, el conflicto es concebido como unidad de análisis para estudiar empíricamente el orden social (Azuela, 2006; Alimonda, 2011; Merlinsky, 2013, entre otros). Asimismo, implica que no existe un a priori respecto de qué problema ambiental se constituirá o no en un conflicto ambiental. Estos surgen y se transforman en la dinámica en la que los actores entran en disputa: en un primer momento, para que los problemas ambientales sean considerados en la agenda pública; y en un segundo momento, por lograr imponer una definición sobre estos en la esfera pública en diferentes arenas. Para matizar esta perspectiva, se repone una lectura pragmatista o emergentista como la de Daniel Cefaï (2008; 2011; 2014) en torno al reconocimiento de los regímenes de conflictividad que pueden alcanzar las comunidades. La perspectiva pragmatista se enfoca en la coordinación de la agencia y la estructura con el objeto de superar una toma de posición de tipo binaria –objetivista o subjetivista– para comprender los procesos sociopolíticos y sus expresiones en las arenas públicas. Cefaï (2011) postula que la acción colectiva es vector de la invención democrática, ya que mediante diferentes repertorios los agentes promueven procesos democratizantes. La investigación en torno a las arenas públicas permite comprender cómo los campos de experiencia afectan las formas de hacer política de los actores.
A partir del constructo productividad del conflicto ambiental –desarrollado por Antonio Azuela (2006) en los términos meta-teóricos de Pierre Bourdieu– se pretende enfatizar cómo el campo ambiental se intersecciona con otros espacios sociales ya consolidados (el campo científico, el campo político-institucional y el campo jurídico, entre los más destacados). En este proceso de expansión del campo ambiental y su yuxtaposición con otros ámbitos, aparecen nuevos actores, se modifican los ejes de discusión del problema e, incluso, este último es pasible de redefiniciones.
Este artículo se divide en secciones. La presente introducción, marco referencial, resultados y discusión sobre el vínculo entre conflicto ambiental, acción colectiva y política del conocimiento desde una perspectiva sociológica, conclusiones y referencias bibliográficas. A su vez, la sección de discusión está dividida en dos subsecciones sobre la configuración y reconfiguración del campo ambiental a partir del conflicto ambiental y la relación entre ciencia y política en la construcción de los problemas ambientales.
Marco referencial
El artículo reflexiona sobre las relaciones entre los conflictos ambientales, las políticas de conocimiento y la acción colectiva desde la perspectiva de la sociología del conflicto ambiental en clave latinoamericana. La mirada sociológica de la cuestión ambiental permite pensar los conflictos y su conjugación con otras cuestiones socialmente procesadas como parte de la dinámica del orden social. Por lo tanto, esta perspectiva nos permite apreciar el conflicto ambiental como ámbito de expansión democrática (Merlinsky, 2021) ya que se constituyen en arenas de deliberación política ampliadas donde el papel de las formas asamblearias en la construcción de innovaciones democráticas es considerable (Walter, 2008, Christel, 2013; Vazquez y Luján, 2015; Merlinsky, 2013, 2016, 2020, entre otros). Conocer los efectos concretos sobre cómo interviene el conflicto ambiental en la relación entre ciencia y política es crucial en la sociedad actual signada por una crisis multidimensional agudizada por la pandemia por COVID-19 (Pleyers, 2020).
En términos de Daniel Cefaï (2011), los enfoques al interior de la tradición pragmatista de la sociología muestran que la acción colectiva es vector de la invención democrática ya que mediante diferentes repertorios promueven procesos democratizantes e instituyentes. El programa propuesto en este marco es el de una investigación ampliada de las arenas públicas que se configuran en torno a la cuestión problematizada, es decir, comprender cómo los campos de experiencia afectan las formas de hacer política de los actores. En este proceso se configuran arenas públicas en torno de nuevos problemas públicos o de nuevas dimensiones de estos y “abren espacios de posibles” (Lefort, 1981, citado en Cefaï, 2011, p. 154). La perspectiva de las gramáticas de la vida pública (Cefaï, 2008) contiene dos dimensiones: por un lado, considera que la publicidad regula los procesos de enmarcamiento de la acción y, por otro lado, los motivos están relacionados con regímenes de acción y repertorios de justificación. Esta perspectiva subraya que la elaboración de las demandas y la imputación de motivos conserva modos públicos.
Gabriela Merlinsky propone conocer el impacto del conflicto en la constitución de arenas públicas en torno de lo ambiental. Para ello considera el conflicto como “el modo concreto en que se produce la sociabilidad en la que estamos insertos (Mouffe, 1999) o como un elemento constitutivo ineludible de la relación social (Simmel, 1986; Marx y Engels, 1974)” (2013, p. 62). El conflicto tiende a generar un nuevo orden de problemas de carácter público. Lo que permite, a partir del análisis del campo social concreto que afecta, conocer las formas en que los actores experimentan su vida cotidiana y las consecuencias que el conflicto tiene en las condiciones de producción y reproducción social. Para conocer los efectos del conflicto ambiental es necesario indagar sobre sus condiciones de emergencia, la territorialidad implicada y la constitución y/o redefinición de los actores a lo largo del proceso contencioso.
Respecto de la noción de controversias sociotécnicas, hay que considerar que los conflictos ambientales implican disputas por el control de los territorios para el uso de bienes y recursos. Además de una dimensión material, existe una dimensión simbólica de las relaciones de poder que estructura el problema ambiental. La relación entre lo técnico y lo social en la configuración del problema es nodal para comprender cómo se produce y transforma el conocimiento social sobre el ambiente a partir de los conflictos (Merlinsky, 2013).
La naturaleza multiterritorial del conflicto ambiental se expresa en forma de una conflictividad discontinua a nivel socioespacial, pero conectadas y articuladas entre sí de modo intenso, entre lo material y lo simbólico, entre naturaleza y sociedad y entre las múltiples esferas del territorio (económica, política y cultural). En este sentido, se asume el concepto de territorio híbrido de Rogerio Haesbaert (2011). Se concibe al territorio como una imbricación de múltiples relaciones de poder, desde una perspectiva relacional del espacio. De esta forma se puede captar las diversas dimensiones de estos procesos y dar cuenta de los modos en que los vínculos entre ciencia y política son puestos en tensión en los conflictos ambientales.
Conflicto ambiental, acción colectiva y política del conocimiento desde una perspectiva sociológica
La discusión sobre la conformación del campo ambiental a partir del conflicto social
La conformación de un campo social en términos bourdieanos –es decir, de forma relacional, como campo de fuerzas y campo de luchas (Bourdieu, 2007)– en torno de lo ambiental emerge en la década del sesenta del siglo XX. Esto es observable a partir de su influencia en otros campos como el político y el jurídico. Como señala Antonio Azuela (2006), desde la esfera de poder se reconocen crecientemente los problemas ambientales. Como ejemplo, esto se expresa en el ciclo que dio inició en el Club de Roma fundado en 1968 hasta la Conferencia de Estocolmo en 1972 donde lo ambiental ocupa un lugar significativo en la agenda pública. Esto se plasmó en el contenido ambiental de discursos de actores políticos latinoamericanos. Por ejemplo, en el documento de Juan Domingo Perón donde señala:
“Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional.” (Perón, 1972, p. 1).
Esa línea de ambientalización de la política –que se acelera a nivel global desde la Conferencia de París en 2015 hasta el impacto sociopolítico de la sexta publicación del Intergovernamental Panel on Climate Change, IPCC, en 2021– puede trazarse hasta nuestra actualidad pandémica. Como expresión de este proceso, se presentó la promulgación el 15 de diciembre de 2020 en el Congreso de la Nación Argentina de la denominada “Ley Yolanda” que “tiene como objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública” (Ley 27592). Como anudamiento de ambas expresiones del señalado proceso, cabe subrayar que la denominación de esta fue en homenaje a Yolanda Ortíz, quien fuera la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina designada por el presidente Perón en 1973. A su vez, se erigió en la primera funcionaria pública en la materia en América Latina. Esta legislación viene a robustecer un plexo normativo ambiental con valores que se consideran estables en Argentina inaugurado por la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Junto a las constituciones provinciales vigentes, que en su mayoría nacieron al calor de la ola reformista post transición democrática de la década de 1980, la Ley General del Ambiente sancionada en 2002 y la reforma del Código Civil de 2014 –que establece un “orden público ambiental”–, entre las más destacadas, configuran una ambientalización del derecho retroalimentado por la creciente movilización socio-jurídica.
El constitucionalismo ecológico en América Latina tiene como máximas expresiones las experiencias de Ecuador y Bolivia en el 2008 y 2009, respectivamente (Iacovino, 2020). En Bolivia mediante Asamblea Legislativa Plurinacional celebrada en 2010 y 2012 se establecieron la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Este proceso también impactó en las constituciones de Brasil, Colombia y Venezuela. Finalmente, Chile atraviesa un proceso constituyente desde 2021 fruto del estallido social de 2019, que se enmarca dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano. .
Es decir, en términos generales la conformación y consolidación del campo ambiental implicó la diseminación de un sentido común sobre la dimensión ambiental del orden social. Esto se traduce a una dinámica del campo en el que las posiciones y las disposiciones de los agentes que producen sus prácticas se ajustan al contexto social específico de lo ambiental (Thompson citado en Azuela, 2006).
En términos bourdieanos, Azuela afirma que:
Ha surgido un nuevo campo en torno a la cuestión ambiental (…) [y que] en la conformación de dicho campo el derecho ha jugado un papel fundamental (…) Lo ambiental ha adoptado su forma específica por el modo en que es recreado en la esfera del derecho (2006, pp. 41-42).
Lo dicho resulta de la intersección entre el campo ambiental y el campo jurídico. Aparecen nuevos actores (propios del campo jurídico) y se modifica la forma de discusión de la cuestión ambiental e, incluso, la redefinición de esta en términos jurídicos.
Por su parte, las reflexiones de la tradición teórica de la ecología política latinoamericana inscriben la cuestión desde una perspectiva macropolítica en la matriz del proyecto del modelo socioeconómico dominante:
No se trata apenas de una crisis ambiental, sino de cuestionamientos fragmentarios, localizados y puntuales pero, al mismo tiempo, generalizados y concluyentes, que atraviesan las definiciones de lo ambiental como ámbito específico de conflicto y de discursividad, y que abarcan, como un todo, al conjunto del proyecto moderno (o del modelo de desarrollo vigente) (Alimonda, 2011, p. 53).
En la actualidad se presencia una efervescencia teórica para la reconfiguración de los marcos referenciales e interpretativos de la acción colectiva con el objeto de comprender el auge de los movimientos ambientalistas, entre otros. Se destaca el campo interdisciplinar de la ecología política y dada la región de enunciación la corriente latinoamericana. Esta permite reflexionar sobre el anudamiento entre lo político, lo social y el ambiente y pensar el conflicto ambiental desde su productividad social, político-institucional, jurídica y territorial (Azuela y Mussetta, 2009). El conflicto es inscripto en un sistema de relaciones sociales más amplio donde puede acaecer una redefinición del juego de las relaciones sociales y cambios en el sistema político. Dado que los patrones de acción colectiva se despliegan en el marco de un sistema político, a lo largo del proceso se generan chances de construir una estructura de oportunidades políticas (Tilly, 1998 y Bárcena, Ibarra y Zubiaga, 1998 citados en Merlinsky, 2013). Este sintagma refiere a las capacidades del actor contencioso de acceder al sistema político, incidir en las decisiones institucionales, en las respuestas de las elites políticas, en la realización de cambios específicos y establecer alianzas o reconfiguraciones en la esfera de poder. Asimismo, este enfoque teórico previene de una mirada sesgada y apriorística de lo ambiental y de lo que se constituye en un problema ambiental para las comunidades locales. Los conflictos de contenido ambiental son luchas por las formas de habitar el ambiente, de subsistencia –en el sentido que le otorga la corriente de ecologismo de los pobres– y por la reproducción del vínculo entre una comunidad y su hábitat (Folchi, 2001). Al estar involucrados intereses contrapuestos por las formas de gestionar los recursos naturales y el ambiente, los procesos contenciosos tienen cierres parciales con alta variabilidad.
A grandes rasgos, la ecología política latinoamericana como innovación incorpora como aspecto central una crítica epistemológica a las ciencias sociales señalando la imbricación entre colonialismo y modernidad como presupuesto no problematizado de estas. Señala que las ciencias sociales pueden aportar una reflexión específica a la construcción del ambiente como objeto de estudio interdisciplinar en el marco de una expansión de las fronteras extractivistas y la subalternización del debate público en torno del uso de los bienes comunes y la distribución de los costos sociales y territoriales del extractivismo. Referentes de este espacio de confluencia teórica estudiaron las distintas expresiones de la creciente politización de las cuestiones ambientales en el siglo XXI en América Latina (Alimonda, 2011; Alimonda, Toro Pérez y Martín, 2018; Svampa, 2011, 2019; Merlinsky, 2021). Esta politización de las comunidades afectadas por proyectos y/o políticas estatales enmarcados en el neoextractivismo se lo denominó giro ecoterritorial (Svampa, 2011, 2019). Este modelo de desarrollo lo encarnaron una serie de gobiernos latinoamericanos de la época que avanzaron en medidas progresivas en materia redistributiva acortando brechas de desigualdad en la población y, al mismo tiempo, reprodujeron lógicas extractivistas en los territorios propias de rol capitalista periférico y dependiente de la región.
Por su parte, Antonio Azuela y Paula Mussetta (2009) desde el estudio de los conflictos ambientales en México se plantean cuatro ejes de indagación: en primer lugar, en qué términos se estructuran los conflictos ambientales en relación con los actores, las escalas y sus salidas o cierres provisorios; en segundo lugar, cuáles son las demandas y sus argumentaciones y en qué medida se configuran coaliciones discursivas; en tercer lugar, cómo se expresa el contexto sociohistórico, político e institucional; y en cuarto lugar, cómo se expresa la productividad social, territorial, institucional y/o jurídica de estos.
Parten de la premisa que los conflictos ambientales tienen una complejidad y diversidad inherentes, es decir, lo ambiental de los conflictos es uno de los componentes que se articula de manera contingente con otras dimensiones de estos. Este anudamiento de elementos produce resultados específicos en el orden social que presentan una alta variabilidad. Su propuesta es mirar sociológicamente a la cuestión ambiental. Esto implica apreciar los conflictos ambientales como “parte del proceso de formación y transformación del orden social y no como anomalías o desviaciones que deberían evitarse” (Azuela y Mussetta, 2009). La mencionada productividad se despliega a través de tres procesos: a) la territorialización; b) la formación de espacios públicos; y c) la actualización local del derecho.
En síntesis, las nuevas figuras jurídicas derivadas del desarrollo del derecho ambiental2 “son una vuelta de tuerca más en la historia del derecho moderno y su adopción como producto de la protesta social trae consigo un fortalecimiento del orden jurídico” (Azuela, 2006, p. 50). Es decir, son una ampliación de la participación ciudadana y social en los asuntos públicos asociados a la toma de decisión gubernamental. La conflictividad ambiental tiende a expresarse en forma de ámbitos de expansión democrática (Merlinsky, 2021). A diferencia de lo que sostienen Héctor Alimonda (2011) y Maristela Svampa (2011), entre otros, no se observa una ruptura con la matriz del paradigma de la modernidad occidental. Azuela (2009) agrega las disposiciones fundamentales en torno del campo ambiental y sus prácticas pueden presuponer un rechazo a las instituciones de la modernidad, pero, paradojalmente, tienden a fortalecer el orden jurídico de la misma.
La relación entre ciencia y política en la construcción de los problemas ambientales
Antes de abordar la relación entre ciencia y política, cabe aclarar que este artículo entiende que las ciencias sociales cumplen un rol dilucidatorio en la existencia y la construcción del problema ambiental. El status epistémico de las ciencias sociales, en general, y de la ecología política, en particular, apuntan a conocer la cuestión ambiental en un espacio de confluencia teórica a fin de comprender la multidimensionalidad del fenómeno. Desde esta perspectiva multidisciplinar, la realidad social es abierta y contingente donde el conflicto es inherente a la dinámica de esta. Por su parte, la ecología política latinoamericana devela el presupuesto epistémico colonial de la noción de naturaleza de la modernidad. Esta perspectiva estimula un distanciamiento crítico de las grandes narrativas de la modernidad y estudiar el devenir de las relaciones de poder de carácter global y la producción de subjetividades, territorialidades y naturalezas (Alimonda, 2011).
Bajo estas premisas generales, el rol de la ciencia en la construcción del problema ambiental expone las debilidades del modelo moderno para procesar los cambios sociales. La relación entre ciencia y política entraña incertidumbres y complejidad que muestran la necesidad de ser procesadas. En este artículo se entiende la política desde una perspectiva sociológica. Esta perspectiva abre la posibilidad de analizar los procesos sociopolíticos contemporáneos desde la articulación ineludible de sus dimensiones social y política asumiendo el conflicto como forma de socialización.
Las tematizaciones públicas de los problemas ambientales tienden a adoptar la forma de controversias sociotécnicas. Las controversias sociotécnicas (Callon, Lascoumes y Barthe, 2009) ponen en cuestión la disociación ascética entre hechos y valores, por un lado, y la división entre expertos y legos, por otro lado, propias del modelo científico moderno. Este modelo se encuentra asociado al canon democrático liberal con orientación de mercado y su tendencia a la mercantilización de las condiciones de vida. A su vez, la construcción de los problemas ambientales suele estar íntimamente relacionada con la acción colectiva. De forma conexa, la acción colectiva con contenido ambiental implica cuestionar una gramática social y política de impronta procedimental, no participativa y tecnocrática. En este sentido, la ciencia posnormal aparece como una de las formas democratizantes de procesar la conflictividad social que acarrean los debates que poseen como elemento la ciencia y técnica.
En esta línea, Michel Callon, Pierre Lascoumes y Yannick Barthe (2009) explicitan a través del concepto technical democracy la necesidad de metabolizar los debates y controversias en torno de la ciencia y la tecnología mediante hybrid forums a fin de no colapsar los carriles democráticos de vehiculización de intereses. Afirman que las denominadas controversias sociotécnicas no pueden ser contenidas por el mercado, la ciencia y las instituciones políticas en divorcio de la ciudadanía. Por lo tanto, se presenta el desafío de realizar un salto cualitativo que tenga como premisa una concepción de la democracia en un sentido amplio, como forma societal, donde la adscripción a la comunidad cívica tienda a la inclusión de las demandas de nuevos sectores frente a procesos de modernización o cambio social vertiginosos. En ese sentido, los autores diagnostican y recomiendan:
Science and technology cannot be managed by the political institutions currently available to us. Obviously, it is not a question of dismantling them. They have given ample proof of their effectiveness. But their limitations are no less obvious. They must be enriched, expanded, extended, and improved so as to bring about what some call technical democracy, or more precisely in order to make our democracies more able to absorb the debates and controversies aroused by science and technology (Callon, Lascoumes & Barthe, 2009, p. 9).3
El debate sobre la relación entre ciencia y política y los límites del modelo moderno presentan una actualidad acuciante tras la irrupción de la pandemia. Respecto de la toma de decisión gubernamental en el presente contexto, la relación entre complejidad e incertidumbre científica y el desarrollo de políticas públicas en materia ambiental y sanitaria exige una redefinición. En este contexto se subraya el valor epistémico que tiene la democracia deliberativa y participativa y los desafíos que implica en materia de gobernanza la creación de diseños institucionales que garanticen la participación política ampliada, particularmente de las poblaciones directamente afectadas y en condiciones de vulnerabilidad. En esta línea, y a la luz del panorama pandémico, lo propuesto por Silvio Funtowicz y Roger Strand adquiere un nuevo cariz:
(…) Nuestro principal interés radica en la articulación de potenciales alternativas radicales. Creemos que el reconocimiento de la irreducible incertidumbre científica y la complejidad en los asuntos medioambientales y sanitarios necesitan encontrar una salida fundamental desde el modelo moderno, revisando su definición de conocimiento así como de la de gobernanza. El conocimiento no sólo es producido por la ciencia y la gobernanza, es más que deducir la acción a partir de hechos y preferencias (2007, p. 99).
Retomado el concepto desarrollado ya en la década de 1990 denominado ciencia posnormal (originariamente elaborado por Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz), se brega por un “desarrollo de aproximaciones para la resolución de problemas e interfaces entre ciencia y política alternativas, en las cuales la incertidumbre sea reconocida y la ciencia conscientemente democratizada” (Funtowicz y Strand, 2007, p. 99). Esto permite por una parte, vehiculizar por medios institucionales el debate público político en torno de lo ambiental y, por otra parte, detectar y procesar los conflictos ambientales suscitados por la evaluación negativa del riesgo, como efectos no previstos o no deseados del “progreso”, su acumulación y distribución desigual en los territorios respecto de las incertidumbres, las indeterminaciones y el conflicto de intereses propio de las instituciones societales (que incluye a las políticas de conocimiento) con impronta democrática.
Los autores postulan un modelo de participación extendida que emerge del cuestionamiento de legitimidad del modelo moderno y sus progresiones y entraña un pluralismo epistémico. Por lo que se desajustan de una mirada reduccionista de la complejidad de procesos multidimensionales que necesitan un abordaje transversal a todas las ciencias y saberes. Durante la pandemia se ha observado que los vínculos entre ciencia y política han estado signados por un déficit de pluralismo epistémico durante su etapa más aguda con consecuencias sociales, psicológicas, económicas y en materia de derechos humanos (Bohoslavsky, 2022). Por lo que proponen un modelo alternativo de política, ya que el modelo moderno presenta obstáculos en términos epistemológicos y sociológicos respecto a la garantía de calidad del consejo científico y de la evaluación de la relevancia política de este:
Epistemológicamente, tal división [entre hechos y valores] vuelve invisible la relevancia de los valores políticos para la gama de elecciones metodológicas en el trabajo científico (la carga valorativa de los hechos), así como la relevancia de la información científica para los procesos de gobernanza dirigidos al establecimiento de criterios de relevancia. Sociológicamente, la simplificación presupone una clara división entre los científicos desinteresados y siempre auto-críticos dentro de una academia mertoniana y el público lego de quien, por un contraste implícito, no se puede asegurar que posea habilidades críticas (Funtowicz y Strand, 2007, p. 108).
En esta línea, Merlinsky analiza en términos de coaliciones discursivas (en su reposición del desarrollo teórico de Marteen Hajer) las controversias sociotécnicas y su incidencia en la dinámica actoral en Argentina y la región4 . Siguiendo el trabajo seminal de Callon (1986), Merlinsky argumenta que “en los conflictos ambientales surgen controversias sociotécnicas, es decir, formas de disenso en torno a cuestiones de naturaleza técnica y científica que, en razón de su apertura a otros registros de análisis, se vuelven asuntos sociales y políticos” (Merlinsky, 2021, p. 18). La construcción discursiva inscripta en dichas coaliciones tiende a enlazar una dimensión ética y una dimensión científico-técnica respecto de las políticas estatales en discusión que denomina discurso contraexperto (Merlinsky, 2017). El mismo se reproduce a través de distintas instituciones que atraviesan las múltiples personalidades sociales de los integrantes de la ciudadanía ancladas en redes heterogéneas y lazos de proximidad (Cefaï, 2011). No obstante, hay que tener presente que se parte de una asimetría en el conocimiento sociotécnico entre los actores. La que tiende a presentar diversas configuraciones en distintas arenas públicas. Como señalan Cristian Parker y José Miguel Pérez Valdivia, el procesamiento de esta dimensión de la desigualdad “resulta ser un factor decisivo de la gobernanza ambiental y la resolución democrática de los conflictos ambientales” (2019, p. 5).
Ricardo Gutiérrez (2018) indica que el término coaliciones discursivas da cuenta de las tensiones intraestatales tanto horizontales entre poderes como verticales entre niveles de gobierno y denota la diversidad de intereses de las burocracias estatales. La resultante heterogeneidad intraestatal se imbrica en el caso argentino, entre otros, con el federalismo ambiental –como efectos distributivos de la política ambiental a partir de la década de 1990– favoreciendo un análisis de los conflictos ambientales a partir de las relaciones de confrontación y colaboración entre los actores estatales y sociales.
Este marco conceptual es de especial utilidad dado que, a lo largo del conflicto, se construyen discursos que agrupan a actores sociales, políticos y estatales que de forma intermitente disputan y negocian las formas de gobierno del ambiente y los usos de los bienes comunes. Se configura una pugna por imponer un tipo de evaluación de la actividad que promueve la política estatal desde diversas perspectivas del conocimiento lo que deriva en la mencionada controversia sociotécnica. O sea, una disputa que involucra una lucha de intereses vinculados a políticas de conocimiento y de desarrollo que retroalimenta la organización actoral.
En síntesis, siguiendo a los autores citados, los juicios sobre la verdad lógica de los productos del trabajo científico no son el aspecto determinante en el desarrollo de las políticas estatales. La posición atemporal, impersonal y universalizante del modelo científico moderno y las prácticas políticas que se pretenden fundamentar sobre este han perdido efectividad. La democratización que implica la participación sustantiva propuesta por el modelo de ciencia posnormal no solo presenta la cualidad incluyente, sino que tendería a mejorar el proceso de garantía de calidad entre ciencia y política dada la pluralidad epistémica que entraña.
Conclusiones
A lo largo de este escrito se ha reflexionado críticamente en torno del debate sobre los efectos del conflicto social para la configuración del campo ambiental contemporáneo, por un lado, y la relación entre ciencia y política como clave para la construcción de los problemas ambientales, por otro lado. Esta indagación sobre lo ambiental es deudora de la tradición sociológica, particularmente la que abreva en el espacio de confluencia teórica denominado ecología política latinoamericana. La crítica epistemológica y sociológica que brindan para abordar la práctica y su teorización empírica invita a mirar a través de los conflictos ambientales y comprenderlos como elementos indicadores del orden social y su dinámica.
De forma conexa, el desarrollo en ciencia y técnica –al engendrar más y nuevas incertidumbres con diversos grados de radicalidad– produce un efecto paradojal que tras la irrupción de la pandemia se tornó aún más patente. En este sentido, la noción de controversias sociotécnicas juega un rol nodal en la construcción de escenarios de conflicto donde se presenta una disputa que involucra una lucha de intereses vinculados a políticas de conocimiento. Cabe destacar que estas incertidumbres y complejidad al diferenciarlas del concepto de riesgo, en los términos que proponen Callon, Lascoumes y Barthe (2009), abre la posibilidad de que lo común sea debatido públicamente y de forma que tienda a reducir la adscripción excluyente de las comunidades políticas. Según esta tradición teórica, las controversias sociotécnicas son un desafío para la democracia moderna y deben abrirse nuevos espacios institucionales para su vehiculización. Esto tendería a enriquecer el debate político y científico con el objeto de dotar de legitimidad a la toma de decisión sobre lo ambiental y sanitario.
En síntesis, la intersección entre conflictos ambientales, acción colectiva y políticas de conocimiento es una característica central de las democracias modernas. En el contexto latinoamericano presenta desafíos específicos dado el rol dependiente de la región como proveedor de commodities y productor de energías. Las productividades de los conflictos ambientales se expresan en los procesos de la territorialización, formación de arenas públicas de deliberación y actualización del derecho. Se presenta un panorama de alta complejidad que presenta elementos en tensión: conformación de un plexo normativo ambiental con rango constitucional, sedimentación de la acción colectiva por cuestiones ambientales en el marco de un campo ambiental consolidado, un avance de la frontera extractivista y una progresión en materia de desigualdad potenciada tras la irrupción de la pandemia.
A fin de vehiculizar esta complejidad en términos democráticos la literatura aquí abordada recomienda establecer espacios de confluencia híbridos (con la presencia de elites políticas, económicas y científicas en articulación multiescalar que tiende a extenderse de lo local a lo global) donde la participación sustantiva y vinculante de la ciudadanía y cualquier otro actor de peso sea garantizado en el proceso de toma de decisión. En suma, procesar los debates y controversias suscitados por la ciencia y la tecnología mediante la participación política ampliada que pondere la pluralidad epistémica.
Agradecimientos
Agradezco a la Universidad de Buenos Aires el financiamiento como becaria doctoral UBACYT a través del proyecto dirigido por el Dr. Sebastián Mauro con sede de trabajo en el Instituto de investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales. También, agradezco a la Dra. Gabriela Merlinsky y al Dr. Facundo Martin por la lectura del manuscrito en el marco del seminario de la carrera de Doctorado en Ciencias Sociales de la mencionada casa de estudios y a los pares evaluadores por las sugerencias en pos de mejorar el manuscrito.
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