ENVEJECIMIENTO Y POBREZA. CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES CON PERSONAS MAYORES EN CATAMARCA, ARGENTINA

Aging and Poverty. Characterization of households with older adults in Catamarca, Argentina

Fecha de recepción: 18 de noviembre de 2025 / Fecha de aceptación: 25 de junio de 2026

Fernando Rada Schultze

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Resumen

Debido a su comportamiento en los diferentes censos, Catamarca es considerada una provincia de “envejecimiento intermedio”. En esa línea, el último censo señala que la provincia posee un 13,9% de población mayor. A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), este artículo presenta una caracterización sociodemográfica de la población mayor en la ciudad de Catamarca. A tal fin, se indaga en la composición y estrategias de los hogares, las condiciones de vida de las personas y sus ingresos, entre otros aspectos. Asimismo, se incorporan diversas fuentes y datos secundarios que permiten complementar el análisis de la situación actual de su población mayor. Entre ellas, se hace hincapié en los hogares multigeneracionales y se reflexiona sobre las posibilidades de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Palabras clave: Canasta básica, condiciones de vida, envejecimiento, pobreza, relaciones intergeneracionales

Abstract

Based on its trends in various censuses, Catamarca is considered an “intermediate aging” province. According to the latest census, Catamarca’s older adult population represents 13.9% of the population. Using the Permanent Household Survey (EPH), this paper presents a sociodemographic characterization of the older adult population in the city of Catamarca. To this end, this paper explores household composition and strategies, individual living conditions, and income, among other aspects. Furthermore, various secondary sources and data are also incorporated to complement the analysis of the current situation of its older adult population. Among them, emphasis is placed on multigenerational households, and we reflect on the possibilities of intergenerational transmission of poverty.

Keywords: Basic food basket, living conditions, aging, poverty, intergenerational relations

Introducción y problematización

El siguiente artículo forma parte de la línea de investigación “Sustentabilidad y seguridad alimentaria” del Proyecto “Territorios y territorialidades en Catamarca en clave interdisciplinaria: dinámicas sociohistóricas, tensiones, transformaciones y conflictos” del Instituto Regional de Estudios Socioculturales (CONICET–Universidad Nacional de Catamarca). Desde allí, se busca diseñar propuestas de acceso equitativo a la seguridad y autonomía alimentaria, comprender y resolver problemáticas derivadas de esta cuestión. A tal fin, se indagan las prácticas alimentarias y calidad de vida de la población mayor, al igual que las políticas orientadas a suplir las necesidades nutricionales de la ciudadanía.

La alimentación –más allá de una necesidad biológica– es una expresión de la cultura, integrando modos de elegirla, ordenarla y procesarla (Aguirre, 2010). Situar estas prácticas en un marco social invita también a indagar las posibilidades de acceso y su relación con el mercado y el Estado, en términos de producción, disponibilidad, circulación y consumo (Boragnio, 2021). Todo ello se encuentra también concatenado a las posibilidades económicas. En esa línea, tomando como base las limitaciones económicas, uno de los grupos que en Argentina encuentra más dificultades para acceder a una alimentación adecuada es la población mayor (Rada Schultze, 2024b).

Si bien recientes datos oficiales sobre la pobreza señalan la “disminución más significativa de los últimos 20 años” (Ministerio de Capital Humano, 2025), existen opiniones encontradas y diversas críticas respecto a cómo es analizada en Argentina.

Según Ignacio-González y Santos (2020), dadas ciertas mejoras en las fuentes de datos y el surgimiento de nuevas metodologías en la identificación y agregación multidimensional, en los últimos años surgió un interés en la medición de la pobreza por el método directo. Empero, en Argentina, el procedimiento para medirla coyunturalmente y monitorear su evolución se realiza mediante el método indirecto de las líneas de pobreza. Esta metodología, según Sione (2024), presenta limitaciones al momento de reflejar la magnitud real del problema deviniendo en reduccionista.

Históricamente, la medición de la pobreza en Argentina se desarrolló sobre dos metodologías: las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la pobreza por ingresos. Si bien la medición por NBI puede considerarse un antecedente de las metodologías multidimensionales, lo cierto es que estas últimas constituyen un enfoque relativamente novedoso en tanto extensión multivariante del método de línea de pobreza (Sione, 2024). Contrariamente, es más frecuente una medición unidimensional, basada centralmente en los ingresos monetarios, para definir quién es o no pobre (Sione, 2024). Esta medición monetaria –elaborada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)– mide dos variables. Por un lado, examina si los ingresos de los hogares logran solventar la Canasta Básica Alimentaria (CBA); resultado que será referencia para determinar la línea de indigencia. Por otra parte, la Canasta Básica Total estudia si la población consigue costear otros bienes y servicios básicos no alimentarios (como transporte, vivienda o salud), estableciendo así la línea de pobreza (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2020).

Pero estas mediciones tampoco están libres de discrepancias. Para Pizarro (2017), de este análisis emergen diversas inconsistencias, ya que se establecería un ingreso o gasto mínimo que permita sostener un nivel de vida adecuado, a partir de la definición de ciertos estándares. Por su parte, Barrera-Vitali (2019) señala que para la comparación de ingresos entre hogares e individuos –y así clasificar a quienes se encuentran por encima o debajo de la Línea de Indigencia–, se elabora la CBA, esto es, el valor estimado de un conjunto de alimentos básicos y esenciales para un hogar con un número determinado de integrantes. Esta medición parte de la premisa de que los ingresos permiten a los hogares adquirir bienes y servicios necesarios para garantizar su calidad de vida y bienestar. Asimismo, destaca la autora, para el particular caso argentino –donde la inflación afecta al poder adquisitivo frecuentemente–, el indicador termina midiendo la variación del precio de los alimentos y no la pobreza. Por otro lado, esta forma de medir la pobreza no da cuenta del valor de una alimentación saludable. Esto se profundiza aún más ante la ausencia de una canasta básica oficial para las personas mayores que permita observar sus condiciones de vida (Durán et al., 2019).

En esa línea, Martínez (2024) destaca una problemática a la hora de observar la pobreza y el acceso a la alimentación en la adultez mayor. Según el autor, la misma se encuentra subrepresentada, ya que los relevamientos presupondrían que quienes integran un hogar se alimentan de lo mismo variando únicamente las porciones. Esta subestimación, Martínez la encuentra en la categoría “adulto equivalente” –varón de 30 a 59 años–. Este parámetro, sostiene el autor, consiste en que “a un varón de entre 61 y 75 años se le asigna un valor de 0,83 y a una mujer de más de 75 años uno de 0,63” (párr. 12). Esto, en sus palabras, equivale a que si a un varón “de 40 años le tuviesen que bastar con $100.000 por mes para comer, entonces su padre de 74 años se tendría que poder arreglar con $83.000 y su madre de 76 con $63.000”.1

Ahora bien, más allá de las controversias, dimensiones y conceptualizaciones, la pobreza siempre alude al estado y condiciones en que se encuentran las personas y las familias. Este panorama refleja el cuadro situacional que atraviesan determinadas personas “producto de su particular inserción en la estructura socioproductiva, siendo esta la que determina la posibilidad de acceder o no a ciertos bienes y servicios” (Moreno, 2017, p. 152).

En ese sentido, este trabajo se pregunta por el modo en que las condiciones materiales y la composición de los hogares condicionan el bienestar de las actuales personas mayores catamarqueñas, como así también en qué medida las situaciones de pobreza pueden compartirse y transmitirse entre generaciones. A partir de los aportes de la sociología del envejecimiento y el paradigma del curso de la vida, se propone reflexionar sobre los modos en que se mide la pobreza en la vejez: qué componentes se toman en consideración y cuáles se omiten, y si de ello emerge una caracterización que tiende a homogeneizar a la vejez o si, por el contrario, la diversidad es contemplada como un aspecto diferencial del proceso de envejecimiento.

Estrategias metodológicas

Para atender a los interrogantes planteados, se optó por un diseño de investigación exploratorio-descriptivo. Por un lado, esta elección se justifica en el carácter exploratorio que supone indagar una problemática con escasos antecedentes y ante la carencia de una canasta básica oficial para personas mayores. Además, es descriptivo, ya que busca caracterizar sociodemográficamente a los hogares con personas mayores en San Fernando del Valle de Catamarca (SFVC)2 mediante el análisis de fuentes secundarias. Por otra parte, la indagación no se restringe únicamente al análisis monetario, sino que incorpora una reflexión cualitativa e interpretativa dirigida a problematizar los instrumentos de medición actuales –como la noción de adulto equivalente– a la luz de la sociología del envejecimiento.

La principal fuente utilizada fue la base de microdatos (individual y hogar) de la EPH del cuarto trimestre de 2024 (INDEC, 2025a). Su elección radica en que es desde hace décadas una de las fuentes más importantes de datos demográficos, sociales y económicos de los hogares y las personas que habitan en las grandes ciudades del país, incluida SFVC (López, 2004). Además, la EPH permite observar la composición de los hogares y características habitacionales, ocupacionales, educacionales y de ingresos, entre otras, posibilitando la construcción y el seguimiento de indicadores como el empleo, desocupación y subocupación. Del registro se seleccionó a las personas mayores de 60 años de SFVC; criterio alineado con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que considera “persona mayor” a aquella de 60 años y más, en tanto que entiende por “vejez” a una “construcción social de la última etapa del curso de vida” (Organización de los Estados Americanos, 2015, p. 4).

La consideración de la vejez a partir de los 60 años encuentra su raíz en la Primera Asamblea sobre Envejecimiento: debido a la diferencia que existía entre los países centrales y aquellos en vías de desarrollo se definió esta edad a fin de que las recomendaciones del plan de acción fueran variadas y flexibles como para permitir su aplicación en diversos contextos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1982) y permitir establecer parámetros comparativos entre regiones ante las distintas características y esperanzas de vida de las poblaciones.

En esa línea, la Segunda Asamblea sobre Envejecimiento plantea como un logro del siglo XX la longevidad de la población. Sin embargo, destaca múltiples disparidades entre los países desarrollados y en vías de desarrollo como la composición de los hogares (predominando el tipo multigeneracional para los países en desarrollo) (ONU, 2002). Esta advertencia es fundamental para el paradigma del curso de la vida, ya que sitúa el análisis de la pobreza en un marco de relaciones intergeneracionales y desigualdades acumulativas (económicas, etarias o de género, entre otras). Lo dicho invita a una perspectiva que reconozca la diversidad de la vejez como la etapa final del curso vital. Al considerar que la vejez no es un fenómeno homogéneo, resulta imperativo que las políticas y el análisis no homogenicen a la población mayor, sino que contemplen sus características diferenciales acumuladas en sus biografías.

Por tal motivo, el trabajo propone una triangulación de fuentes secundarias que permiten caracterizar a la población mayor catamarqueña no solo en términos económicos, sino también observar otros aspectos de su cotidianidad que dan forma a la calidad de vida de estas personas, como así también las estrategias y recursos de los hogares en los que las personas mayores habitan. Entre estos, se destacan los datos censales y aquellos generados por el Registro Nacional de las Personas [RENAPER].

Además, se revisan datos de los Informes Trimestrales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), del Boletín Estadístico de la Seguridad Social (de la Subsecretaría de Seguridad Social) y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); estos, al brindar información sobre jubilaciones y pensiones, permiten caracterizar los ingresos de las personas y su poder adquisitivo. Asimismo, se incorporan diversos antecedentes cuyas propuestas metodológicas y estrategias buscaron medir la pobreza multidimensional a la luz del proceso de envejecimiento que experimenta la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2025) y la ciudad de Catamarca (Quiroga et al., 2024).

De ese modo, a partir de los microdatos de la EPH, se analizan las condiciones materiales de la población mayor para conocer cómo estas moldean las posibilidades y límites de su envejecer. Además, desde el paradigma del curso de la vida, se reflexiona sobre el impacto de la pobreza en las trayectorias vitales. Para ello, se recupera la noción de “pobreza coyuntural”, la cual refiere a los “nuevos pobres” catamarqueños cuya merma de ingresos imposibilita solventar sus necesidades y compromete su bienestar (Osatinsky, 2013). Con este enfoque, más allá de la descripción estadística, se propone una interpretación cualitativa respecto a la vulnerabilidad económica presente y a su potencial transmisión intergeneracional.

Resultados y discusión

El caso catamarqueño: envejecimiento poblacional y vejez diferencial

La provincia de Catamarca se encuentra en el noroeste argentino. Limita con Chile (al oeste), Salta (norte), La Rioja (sur), Córdoba (sureste), Tucumán y Santiago del Estero (este). Se destaca por su diversidad medioambiental, caracterizada por relieves montañosos divididos en cuatro zonas geológicas (Puna en el norte, Cordillera Central en el sudoeste, Sistema de Famatina y Sierras Pampeanas) y cinco ecorregiones biodiversas (Yungas, Chaco Seco, Monte de Sierras y Bolsones, Punas y Altos Andes). Ello genera formas diversas de habitar y envejecer, concatenadas a los modos de relacionarse con los entornos y las prácticas desarrolladas (Rada Schultze, 2024a). Actualmente viven en Catamarca 438.314 personas, de las cuales el 49,92% son varones y el 50,08% mujeres (RENAPER, 2025), como se muestra en la Figura 1. Si bien cuenta con una superficie de 102.602 km², se trata de la quinta provincia menos poblada y la decimosegunda más extensa del país (Ministerio de Salud de la Nación, 2023).

Figura 1

Pirámide de población por grupo de edad quinquenal. Provincia de Catamarca, 2025

Nota. Sistema Estadístico de Población, Dirección Nacional de Población (RENAPER, 2025).

Catamarca, además, evidencia una creciente presencia de personas mayores de 60 años. En base al desarrollo en los distintos censos, es considerada una provincia de “envejecimiento intermedio”, pasando de 9,8% de personas mayores en 1991, 9,9% en 2001 y 11,2% en 2010 (RENAPER, 2021), a un 13,9% en la actualidad (INDEC, 2023). Este fenómeno también se refleja en el total del país.

Si bien a través del tiempo las distintas comunidades definieron a quienes consideraban mayores –siendo incluso ya registradas en el Primer Censo de Población de 1869–, es desde 1970 que este fenómeno se hace notorio en Argentina, deviniendo en un grupo social de peso (Rada Schultze, 2025). Así, mientras en 1914 la población mayor argentina representó poco más del 2% y alcanzó el 7% en 1970 (INDEC, 2024), actualmente supera el 16% (Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 2024), ubicándose entre los países más envejecidos de la región (CEPAL, 2023), como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Porcentaje de personas mayores de 60 años en los censos de población.
Total del país y provincia de Catamarca

Nota. Elaboración propia con base en RENAPER (2021) e INDEC (2023, 2025e).

El envejecimiento poblacional es un fenómeno que, aunque en diferente medida, experimentan la mayoría de los países. Producto de la disminución relativa de la población joven a causa de la caída de la natalidad y de mejoras en la salud y condiciones de vida de la población, entre otras razones (INDEC, 2024), emerge un cambio en la estructura de edad de la población hacia un mayor número y proporción de personas mayores (ONU, 2024). El ritmo del envejecimiento de la población, además, se desarrolla con mayor rapidez que en el pasado: para 2030 se estima que una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más; en 2050 se calcula que el 80% de las personas mayores vivirá en países de bajos y medianos ingresos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2024), lo cual plantea desafíos al momento de pensar la seguridad social en el marco de este cambio demográfico. Pero, más allá de su dimensión cuantitativa, el envejecimiento poblacional ofrece considerables aspectos cualitativos para su indagación e intervención desde la agenda pública.

Según Yuni y Urbano (2016), se trata de un hecho social novedoso en la historia, tanto cuantitativamente (aumento de la población adulta) como cualitativamente, que invita a repensar los modos de abordaje y construcción de la vejez. Paradójicamente, señalan, el fenómeno actual de envejecimiento presenta una gran cantidad de personas mayores que son diversas entre sí, en sus búsquedas, aspiraciones, expectativas y condiciones de vida.

Una de estas primeras diferenciaciones emerge de las condiciones de vida, las cuales refieren al nivel de vida de una persona expresado a través de elementos como los ingresos, el consumo y las condiciones materiales de vida (Eurostat, 2025). Profundizando su definición, las condiciones de vida comprenden la conjunción entre niveles de carencias y satisfacciones de diferentes dimensiones económicas, sociales y ambientales, siendo consideradas desfavorables cuando producen desventajas que configuran situaciones de marginación, exclusión e inequidad social (Longhi, 2020). En ese sentido, debe señalarse que este proceso de envejecimiento individual no ocurre de forma homogénea para toda la población. Para ello, uno de los enfoques que guía este estudio es el del curso de la vida, cuyo argumento propone que en las trayectorias biográficas se experimentan diversos sucesos, positivos como negativos, que impactarán en las distintas edades y etapas vitales. La incorporación de este paradigma permite comprender la relación que guardan estos eventos transcurridos con el envejecimiento (como proceso dinámico) y la vejez (como producto y última fase de dicha trayectoria). Es decir, las experiencias presentes se reflejarán en futuras etapas biográficas. De ese modo, para este enfoque, el envejecimiento y la vejez devienen en fenómenos diversos que van desde el nacimiento a la muerte y se encuentran atravesados por aspectos sociales, biológicos y psicológicos moldeados, a su vez, por factores históricos y de cohorte (Oddone, 2012).

Así, mediante el paradigma del curso de la vida, la adultez mayor no puede entenderse como una categoría homogénea, sino como el producto de procesos sociohistóricos diversos. En ese aspecto, considerando al envejecimiento como una construcción social a través del transcurrir biográfico, surgen infinidad de aspectos que condicionan las trayectorias vitales, como el acceso a determinados derechos y servicios básicos o diferenciaciones culturales, geográficas, étnicas, religiosas, de género o económicas, entre otras (Oddone, 2014). Sobre este último aspecto se vertebra este trabajo: una caracterización socioeconómica de la vejez en la capital catamarqueña. A su vez, dada la dualidad del fenómeno –el envejecimiento como proceso diverso y la vejez como resultado de experiencias acopiadas–, se reflexiona sobre los posibles efectos en las condiciones de vida de las personas mayores y su potencial influjo en las generaciones venideras.

Caracterización de los hogares

Los datos de la EPH relevaron 461 hogares en SFVC y su aglomerado. De ellos, en 199 hogares vive al menos una persona mayor de 60 años (43,17%). Por su parte, el total de la población mayor registrada fue de 261 personas (149 mujeres y 112 varones).

Respecto a los hogares de personas mayores, el tipo de vivienda predominante fue la casa en 197 casos. Asimismo, el 87,94% es propietario de la vivienda y el terreno. En su gran mayoría se trata de viviendas que no se encuentran próximas a basurales (97,49%), ni en zonas inundables (97,99%). Sobre los materiales del hogar, en el 90,95% de los casos los pisos interiores son principalmente de mosaico, baldosa, madera, cerámica o alfombra. El resto lo componen pisos de cemento o ladrillo fijo (7,54%) y tierra o ladrillo suelto (1,51%). Empero, existen diferencias en otros aspectos del hogar.

Por ejemplo, en relación con la composición del techo, el 55,28% de los hogares posee una cubierta exterior asfáltica o membrana; en el 29,65% de los casos esta es de baldosa o losa sin cubierta; el 10,55% es de pizarra o teja; y el 4,52% restante lo componen hogares con techos de chapa metálica sin cubierta, fibrocemento o plástico. Asimismo, en el 6,03% de los hogares el techo no posee cielorraso o revestimiento interior.

También debe destacarse que la mayoría de los hogares tienen, dentro de la vivienda, agua por cañería (98,49%) y baño (96,48%). En relación con las características del baño, el 96,98% de los casos posee inodoro con arrastre de agua (botón, mochila o cadena). Los hogares con desagüe a cloaca, por su parte, representan el 85,42%.

Además, si bien gran parte de los hogares relevados no cuenta con lavadero (73,37%) o garaje (76,88%), la mayoría de ellos posee cuarto de cocina (98,99%). Empero, menos de la mitad de los hogares (46,33%) cuenta con acceso a gas de red, teniendo que valerse de gas de tubo (52,76%). Esto cobra relevancia al considerar que en tres meses (desde finales de 2024 a inicios de 2025) el gas envasado experimentó un aumento del 60%, posicionando a Argentina como uno de los países más caros de la región en el rubro. A lo dicho debe agregarse que el precio promedio del gas envasado de 10 kilos supera los $15.000 y tiene una duración estimada de un mes para un “uso moderado”; es decir, para un hogar de dos personas que lo utiliza exclusivamente para cocinar (América GLP, 2025). Con ello, no solo se detecta una vulnerabilidad y disparidad energética en más de la mitad de los hogares, sino que el incremento de los valores erosiona el poder adquisitivo de quienes únicamente acceden al gas de tubo.

Respecto a la cantidad de personas que componen estos hogares y los ambientes que la vivienda tiene en total (sin considerar baño, cocina, lavadero o garaje), los datos recogidos parecen asemejarse a la definición de hacinamiento crítico: mientras el hacinamiento refiere a la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar, se habla de hogares con necesidades básicas insatisfechas por hacinamiento crítico cuando en una vivienda hay, en promedio, tres personas o más por cuarto (INDEC, 2025d). El caso observado evidencia que 80 hogares en donde habitan personas mayores (40,20%) cumplen esta condición: en 40 hogares habitan entre 3 y 3,9 personas por habitación; en 17 de 4 a 4,9 personas por habitación; en 14 viviendas entre 5 y 5,9 personas por habitación; y 9 con 6 personas o más por habitación (Tabla 2). Pero, más allá de indicar una necesidad básica insatisfecha, la falta de espacio invita a reflexionar sobre el bienestar diario y cómo ello impacta en el transcurrir en la vejez.

Tabla 2

Hogares con y sin hacinamiento crítico en hogares con personas mayores de 60 años en SFVC. Total de casos y porcentaje

Nota. Elaboración propia con base en INDEC (2025a).

Otra característica destacable de estos hogares es su conformación: 40 son hogares unipersonales (20,10%), es decir, de una sola persona. Respecto a la diferenciación por género de estos hogares, el 45% corresponde a varones y el 55% a mujeres. Luego, 48 son unigeneracionales (24,12%), en donde todas las personas tienen más de 60 años. Sumando los dos primeros grupos, se observa que en casi la mitad de los hogares (44,22%) la población mayor vive sola o en compañía de otra persona mayor. Por último, 111 hogares son multigeneracionales (55,78%), integrados por población mayor de 60 años y otros grupos de edades (Tabla 3). Esta composición de los hogares resulta nodal para indagar en la transmisión intergeneracional de la pobreza, ya que implica la convivencia de diferentes cohortes etarias en un mismo espacio.

Tabla 3

Distribución de los hogares con población de 60 años y más según tipo de hogar. SFVC

Nota. Elaboración propia con base en INDEC (2025a).

Haciendo énfasis en los hogares multigeneracionales, es destacable la cantidad de niños y niñas que conviven con personas mayores: en 34 de ellos habita al menos una persona menor a 10 años, lo cual representa el 30,63% de los hogares multigeneracionales. Por otro lado, en 12 casos (10,81%) se registra la presencia de 2 o más menores de 10 años. En síntesis, en el 41,44% de los hogares multigeneracionales en donde habitan personas mayores, también lo hacen niños y niñas (Tabla 4).

Tabla 4

Composición de los hogares multigeneracionales. SFVC

Nota. Elaboración propia con base en INDEC (2025a).

Dada la composición de los hogares multigeneracionales en donde habitan personas mayores, se puede reflexionar en torno a dos aspectos. Por un lado, se observa un gran porcentaje de población adulta mayor que convive con sus hijos e hijas, en algunos casos, también mayores. En ese sentido, a la luz de un proceso de envejecimiento poblacional que continuará desarrollándose, surgen nuevos retos, como por ejemplo el desafío de una sociedad en la que las personas mayores cuiden a otras mayores. Así, podría experimentarse una situación paradigmática en la cual personas que quizá necesitan cuidados, deban postergarlos en pos de brindárselos a otras (Rada Schultze y Arias, 2022). Pero esta no es la única expresión en donde la gestión del propio bienestar puede verse aplazada. Las prácticas de cuidado, relegadas históricamente a la familiarización y feminización de estas (Enríquez-Robledo et al., 2022; Giusto-Ampuero, 2021) no solo se desarrollan intrageneracionalmente (mayores al cuidado de mayores), sino también intergeneracionalmente. Es decir, las personas mayores brindando cuidado a las generaciones más jóvenes o viceversa, ya se trate de cuidados físicos, emocionales o económicos, entre otros. Lo dicho, invita a una profunda reflexión sobre el rol activo de la vejez asumiendo tareas de cuidado. Incluso, lejos de ser objeto de cuidado, podrían ver su autonomía puesta en tensión debido a la necesidad de brindar asistencia a otras generaciones.

Finalmente, considerando la composición multigeneracional de los hogares argentinos, se observa una diversidad de prestaciones sociales que deben solaparse a fin de cubrir la canasta básica, como transferencias de ingresos y prestaciones económicas, comedores comunitarios o la entrega de bolsones de alimentos (Rada Schultze, 2024b). Debido a que cerca del 95% de la población mayor argentina recibe ingresos del sistema previsional, es menester incorporar la reducción en jubilaciones y pensiones a la luz de la composición de los hogares: el 51,1% de las personas de 60 a 74 años y el 35,9% de las de 75 años y más habitan en hogares multigeneracionales. Esto genera que las situaciones de pobreza se transfieran entre las distintas generaciones del hogar. Ahora bien, la relación entre el tamaño de la familia y el aumento de la pobreza podría sugerir que el ingreso previsional de las personas mayores desempeña un rol clave como sostén del hogar. Así, al distribuirse entre mayor cantidad de miembros, también se comparte la estructura de privaciones que el grupo familiar puede experimentar, afectando no solo a las actuales personas mayores, sino también el futuro de aquellas más jóvenes. Por ejemplo, en las personas menores de 14 años se observa que la pobreza de los hogares argentinos guarda directa relación con su tamaño y composición: en quienes no tienen hermanos ni hermanas, la pobreza es del 34,8%; en quienes solamente tienen uno o una, es del 45,9%, y asciende al 79,5% en quienes tienen dos o más hermanas o hermanos (Martínez, Rada Schultze et al., 2024).

Ingresos y estrategias

Respecto a las características de los miembros del hogar, en 181 casos las personas mayores figuran como jefe o jefa (85 varones y 96 mujeres), mientras que 61 (22 varones y 39 mujeres) se ubican en la categoría cónyuge o pareja. Pero esta descripción no es exclusiva de la ciudad de Catamarca. A diferencia del promedio global –donde es mayor la frecuencia de mujeres mayores que viven solas en comparación con los varones–, en Argentina las mujeres mayores tienden a vivir en familias extensas y solas con hijos e hijas, mientras que es frecuente que los varones mayores vivan en pareja (Bolzon et al., 2025).

En relación con la condición de actividad, el 17,62% está ocupado (46 casos divididos en 28 del sector formal y 18 en el informal) y el 81,99% inactivo (214 casos). La dimensión inactividad, además, es representada en 145 casos por la categoría Jubilado o pensionado (55,55%), 52 en Ama de casa (19,92%), 5 en Discapacitado (1,92%) y 12 en Otros (4,60%). Por su parte, la categoría Ama de casa resulta central, ya que evidencia cursos biográficos signados por divisiones de género, impactando en la autonomía económica en la vejez.

Respecto a los montos de los ingresos, estos pueden ordenarse según el ingreso per cápita del hogar; es decir, la sumatoria de los ingresos individuales totales dividida por la cantidad de miembros del hogar. Así, sobre un total de 183 hogares, se destaca que en 144 hogares (78,69%) el ingreso per cápita es inferior a $499.999; en 28 hogares (15,30%) se ubica entre $500.000 y $999.999; en
8 hogares (4,37%) es entre $1.000.000 y $1.499.999; y en 3 hogares (1,64%) supera $1.500.000.

Durante mayo de 2025 –fecha de publicación de la EPH–, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento de 3,73%. Si se toma como referencia una jubilación mínima, la cual en dicho mes se ubicaba en los $366.481,74 ($296.481,74 más un bono de $70.000), se observa que 111 hogares (60,66%) tuvieron un ingreso per cápita menor a un haber jubilatorio mínimo; situación que también se halla en el 55,78% de los hogares en donde las personas mayores conviven con menores de 10 años. En síntesis, esta situación de precariedad, además de agudizarse en los hogares multigeneracionales, evidencia una vulnerabilidad compartida entre sus miembros.

Por su parte, aquellas jubilaciones o pensiones que no superaban el haber mínimo de $366.481,74, recibirían un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Por otro lado, las prestaciones previsionales, incluido el bono de $70.000, quedaron del siguiente modo: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a $307.185,39, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez a $277.537,22 (ANSES, 2025). En el mismo mes, el total de beneficios previsionales en el país –tanto los casos de jubilaciones y pensiones con o sin moratoria– fue de 7.431.988.

Sobre este punto, debe destacarse que la moratoria previsional –que permitía a las personas completar los años faltantes de aportes para jubilarse– fue derogada en marzo de 2025, dando lugar a un menor número de personas jubiladas: desde junio (primer registro desde la finalización de la moratoria) a septiembre de 2025, el stock de beneficiarios disminuyó 0,4% (unas 22.412 personas). Esto genera que quienes no sumen 30 o más años de aportes, a pesar de tener la edad para jubilarse, no puedan acceder al beneficio previsional. Si la persona tiene 65 años o más y se encuentra en situación de vulnerabilidad social, puede acceder a la PUAM, pero sin derecho a la pensión para cónyuge o conviviente en caso de fallecimiento. Esto, además de aplazar en 5 años la jubilación femenina (con la moratoria podían hacerlo a los 60 años), implica una reducción en los montos. La PUAM representa el 80% del haber mínimo, lo cual en noviembre de 2025 se traducirá en $266.468,31 más el bono de $70.000 (Bermúdez, 2025). Por su parte, el haber medio en septiembre de 2025 fue de $675.510. Medido a valores constantes representó una disminución del 0,4% respecto a junio del 2025 y del 4,9% a septiembre de 2024. Respecto a noviembre de 2023 (mes anterior al cambio de gobierno nacional), la pérdida del poder adquisitivo fue del 12% (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, 2025). De tal modo, la seguridad social experimenta un retroceso tanto en términos de ingresos económicos (afectando directamente a las actuales personas jubiladas) como en la posibilidad de acceder a las potenciales personas beneficiarias.

En el caso de la provincia catamarqueña, las jubilaciones fueron 53.500 (25.907 con moratoria y 27.593 sin ella) y 13.947 pensiones (2.823 con moratoria y 11.124 sin moratoria), dando un total de 67.447 beneficios previsionales para el mes de mayo (Subsecretaría de Seguridad Social, 2025a). En relación con los hogares catamarqueños en los que sólo habitan personas mayores, el promedio de ingresos se ubicó en $481.272,15 y su mediana en $314.000. Resultados similares arrojó la EPH en su ingreso promedio per cápita del total de la población, que alcanzó los $442.596, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $320.000 (INDEC, 2025c).

Haciendo hincapié en los haberes jubilatorios, en SFVC 147 personas mayores reciben jubilaciones o pensiones obtenidas mediante los aportes del trabajo. De allí, el monto promedio se ubicó en torno a los $496.319,73. Ahora bien, el 61,22% de los casos que cobran jubilación o pensión por aportes se encuentra debajo de ese promedio.

Algo similar se desprende del análisis del monto promedio de los haberes correspondientes a la moratoria previsional o de la categoría “ama de casa”. Mientras que para el total de casos (56) el ingreso promedio es de $240.982,14, el 66,07% se ubica por debajo de estos valores.

En referencia a las estrategias de los hogares relevados, el 85,93% de las personas vivieron de alguna pensión o jubilación en los últimos tres meses. En el mismo periodo, aquellos hogares que vivieron de jubilaciones o pensiones de “ama de casa” o por moratoria previsional representan el 27,64%, mientras que los hogares que lo hacen con aquello que ganan del trabajo se ubican en el 74,37%. Aunque en menor medida, completa esta lista un 13,07% de otras pensiones, como por ejemplo por discapacidad, Madre de 7 hijos o la PUAM.

Por otro lado, a pesar de que también se reduce el porcentaje de aquellos hogares cuyo principal ingreso provino de planes o subsidios del gobierno (2,01%), o mediante ayudas económicas o alimentarias de vecinos u otras personas que no viven en el hogar (8,04%), se observa que el 21,61% de los hogares tuvo que gastar sus ahorros.

En esa línea, si bien aquellos hogares de personas mayores que tuvieron que pedir préstamos, tanto a familiares y amigos como a bancos y financieras, se ubican en torno al 6,53% y 7,54% respectivamente, se destaca que el 70,85% de estos hogares compran en cuotas o al fiado. Retomando las definiciones de “pobreza coyuntural” y “nuevos pobres” de Osatinsky (2013), se observa que, pese a la extensión del sistema previsional, las personas carecen de recursos, o bien estos son insuficientes, para cubrir sus consumos cotidianos.

Empero, los datos catamarqueños no difieren en demasía de la caracterización de los ingresos de la población mayor del total país, donde se estima que durante 2024 cerca del 80% se ubicó en promedio por debajo de entre una y dos jubilaciones mínimas (Rada Schultze, 2024b). Algo similar se observa en los datos recientes: de las 6.037.025 personas beneficiarias, según intervalo de haber, el 81,34% se encontraría debajo de lo equivalente a dos jubilaciones mínimas (Subsecretaría de Seguridad Social, 2025b). Esta convergencia entre los datos (nacionales y locales) refuerza la intención de indagar la accesibilidad a la canasta básica por parte de las personas mayores, resaltando la posibilidad de que se vea tensionada ante la sistémica pérdida de su poder adquisitivo.

A diferencia de las guías de alimentación saludable, la canasta básica de alimentos representa una noción normativa y económica del consumo. Su construcción se basa en las necesidades energéticas y proteicas indispensables para las actividades moderadas mensuales de un “adulto equivalente” (varón entre 30 y 59 años). Asimismo, los alimentos y cantidades que responden a esas necesidades se seleccionan de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) (Durán et al., 2019). Sin embargo, desde la propuesta del curso de la vida, este indicador deviene insuficiente al invisibilizar la diversidad de la vejez y asumir una homogeneización que subestima los requerimientos de cada etapa vital.

En ese sentido, la Canasta Básica Alimentaria oficial para un adulto equivalente determinó el umbral de la línea de indigencia en $161.903, mientras que en la Canasta Básica Total (CBT) la línea de pobreza fue de $359.425. Ambas canastas evidenciaron una variación interanual del 29,3% y 30,5% respectivamente (INDEC, 2025f). Empero, a pesar de contar con los resultados de la ENGHo del período 2017–2018, se emplea la del 2004–2005, generando una subestimación de la pobreza producto de la falta de actualización. Así, el peso de lo no alimentario –particularmente servicios y transporte– en el consumo de los hogares queda debajo de su peso real actual. Estos rubros, además, durante el último año tuvieron incrementos sistemáticamente por encima del de los alimentos, pero este cambio no se refleja adecuadamente en el coeficiente que determina la CBT. En síntesis, una amplia cantidad de hogares aparecerá por encima de la línea de pobreza, aun cuando sus ingresos no tuvieran un crecimiento en términos reales (Centro de Economía Política Argentina, 2025).

A pesar de estas limitaciones, existen algunos antecedentes que, pese a no explicitar la metodología implementada (Durán et al., 2019), relevan y difunden periódicamente una canasta para mayores. Uno pertenece al Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC). Según su informe, para agosto de 2025, el consumo del hogar de una pareja de jubilados quedó determinado en $796.715,67. Esta canasta se divide en dos grupos: a) “productos de consumo masivo”, que alcanzan los $288.023,73, observando rubros como comestibles envasados, carnes, productos de limpieza, bebidas y frutas y verduras; y b) “servicios básicos para el hogar”, sumando $508.691,94 en alquileres, impuestos, transporte y servicios (Tabla 5). De este desglose se evidencia que en rubros como servicios y alquileres recae el mayor peso de la canasta, profundizando la vulnerabilidad de los hogares cuyos ingresos no logran cubrir estos costos.

Tabla 5

Canasta básica para una pareja de jubilados. Gastos totales y porcentajes.
Agosto de 2025

Nota. Elaboración propia con base en CESyAC (2025).

Otro estudio lo desarrolla la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Este informe contempla también el gasto en medicamentos. Según su cálculo, la “canasta básica de los jubilados” en octubre de 2025 alcanzó $1.514.074,13 (Gerontovida, 2025). Allí, el rubro medicación –que observa diversas patologías y considera el descuento que realizan las farmacias según la obra social de la persona– suma $402.880,13 (Tabla 6). La inclusión de este aspecto no es un dato menor: permite conocer otro tipo de necesidades de la población mayor, pone de relieve el costo de diferentes patologías y permite reflexionar sobre las posibles brechas entre la búsqueda del bienestar de las personas mayores y sus ingresos.

Tabla 6

Canasta básica para las personas mayores. Gastos totales y porcentajes.
Octubre de 2025

Nota. Elaboración propia con base en Gerontovida (2025).

A pesar de las diferentes dimensiones cotejadas en cada canasta, se destacan similitudes. Por ejemplo, agrupando los rubros de alimentación en la primera se observa un gasto de $264.626,94, mientras que en la segunda canasta suma $348.000. La misma situación ocurre al sumar categorías como servicios, transporte y alquiler: en la primera medición alcanza $508.691,94 y en la segunda $502.250. Si bien ambas representan gastos semejantes, es un dato clave que el segundo estudio considere otros aspectos de la vida cotidiana (como recreación y medicamentos), lo que profundiza la dificultad de los hogares para afrontar su canasta. Sin embargo, es destacable que, con independencia de la medición considerada, las jubilaciones y pensiones tienden a ser insuficientes para cubrir las necesidades de las personas mayores: mientras que para la primera medición se necesitarían dos jubilaciones mínimas para alcanzar el valor estipulado, para el gasto de la segunda canasta serían necesarias más de tres jubilaciones mínimas.

Reflexiones finales

El presente artículo buscó caracterizar a las personas mayores catamarqueñas mediante la descripción de diversos datos sociodemográficos, observando la composición de sus hogares, ingresos y su relación con la canasta básica, entre otros aspectos. Asimismo, se incorporaron diferentes informes oficiales, documentos de organizaciones civiles y diversos antecedentes teóricos orientados al análisis de las condiciones de vida de la población mayor. Lejos de determinar un nivel taxativo de pobreza, el análisis propuso una reflexión sobre diferentes aspectos que configuran las condiciones de vida en la vejez, subrayando la necesidad de considerar al envejecimiento como un proceso diverso.

Ahora bien, incorporando la propuesta del paradigma del curso de la vida, la vejez se comprende como el producto de trayectorias sujetas a las experiencias acumuladas. Esta perspectiva, además, permitió indagar y cuestionar la homogeneización presente en los indicadores oficiales, los cuales suelen subestimar las necesidades de esta población mediante la estandarización de representaciones que no atienden la diversidad del proceso de envejecimiento.

Así, resulta imperativo que los diagnósticos amplíen su horizonte, captando las vicisitudes de la ciudadanía a la cual interpelan. Para ello, uno de los interrogantes que vertebró este trabajo fue conocer de qué modo los estudios oficiales (como la EPH) analizan las condiciones de vida de la población mayor, cuáles son las características de los indicadores empleados y qué resultados arrojan. Al mismo tiempo, se indagó la representación de la adultez mayor que allí subyace. Es decir, cómo es caracterizada la vejez y sus necesidades.

Por ejemplo, haciendo énfasis en las canastas básicas, se observa que gran parte de los alimentos incluidos no se adecúan a las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, ni a los estándares internacionales. Así, siguiendo a Barrera-Vitali (2019), se profundizan modelos vetustos para pensar la alimentación poblacional en detrimento del goce efectivo de los Derechos Humanos de quienes se encuentran en situaciones económicas desfavorables. Contrariamente, destaca Barrera-Vitali, la medición de la pobreza debería contemplar estándares alimentarios preventivos de las problemáticas nutricionales argentinas actuales, como la malnutrición, obesidad y sobrepeso (Rada Schultze, 2024b).

Si bien los datos oficiales señalan un descenso reciente de la pobreza, la incorporación de diversos estudios permitió conocer las fortalezas y debilidades en su medición. Empero, para Martínez, Díaz et al. (2024), la pobreza implica diferentes privaciones y vulnerabilidades que exceden la dimensión monetaria. Según las autoras, la “identificación de los pobres” depende tanto de la noción de pobreza como del indicador de bienestar utilizado. Esto implica una evaluación sobre los “niveles mínimos de bienestar adecuados, la satisfacción de las necesidades básicas y un umbral de privación considerado inaceptable”. Por tal razón, “el concepto de pobreza es esencialmente normativo y su definición variará respecto de la definición sobre bienestar que se considera” (Martínez, Díaz et al., 2024, p. 30). Es decir, se trata también de una construcción social dinámica cuya noción impactará en cómo se definen y atienden las necesidades de la población en el curso de sus vidas.

Pero, más allá de la polisemia del concepto de pobreza, la base de microdatos analizada arroja una cuestión significativa y representativa de los tiempos actuales.

Pese a que los hogares presentan mayoritariamente condiciones favorables (por ejemplo, en la propiedad de la vivienda, los materiales utilizados y el acceso a la red de agua y desagües, entre otras), no sucede lo mismo respecto a las estrategias y a los recursos económicos de quienes allí habitan. Esto se refleja en que más del 70% de los hogares realizó sus compras mediante cuotas o fiado, o bien en que casi una cuarta parte tuvo que gastar sus ahorros.

Recuperando las palabras de Osatinsky (2013), se observa que las formas de “pobreza coyuntural” que identificó hace más de una década en grupos económicamente activos, hoy dan forma a los “nuevos pobres” en la vejez catamarqueña. En base a la propuesta del paradigma del curso de la vida, estas trayectorias vitales evidencian una situación paradigmática donde conviven “nuevas y viejas pobrezas”. Por un lado, debido al ingreso por debajo de este umbral de sectores que otrora no lo eran. Pero también, más allá del embate particular sobre el grupo de personas mayores, por la propia longevidad del problema que acarrea Argentina, posicionándolo como un tema estructural, antes que como un fenómeno novedoso. Las crisis económicas locales, el proceso inflacionario de larga data y los recortes presupuestarios actuales a las personas mayores, devuelven una síntesis paradójica en la que este grupo, por ejemplo, pese a ser propietario de sus viviendas, debe endeudarse, pagar en cuotas o utilizar sus ahorros en sus compras cotidianas.

En esa línea, la indagación incorporó otros estudios que contemplan diversas dimensiones sobre las condiciones de vida en la vejez que hacen al gasto de los hogares de la población adulta, como los medicamentos o la recreación, entre otros.

La inclusión de otros rubros, como señalaba Martínez (2024), permite diseñar una canasta básica que no presuponga iguales consumos para todos sus integrantes, difiriendo solamente en sus cantidades. Derivado de esto, se abre un importante panorama para futuros trabajos: la inclusión de la diversidad en la indagación de una etapa de la vida tan vasta como diferencial, ya que será posiblemente en la fase vital donde se transite más tiempo.

Otro aspecto fundamental de la inclusión del rubro medicación es el peso que tiene en la composición de la canasta para las personas mayores, donde representa el 26,61% y alcanza los $402.880,13. Esta situación se ve agravada ante el recorte estatal a más de 40 medicamentos que, otrora, la principal obra social de personas jubiladas y pensionadas (PAMI), cubría al 100% (Horvat, 2024). Así, además del impacto en sus ingresos y poder adquisitivo, la pobreza en la vejez deviene en un factor que conspira contra un envejecimiento saludable.

Otro dato cotejado que evidencia la diversidad del envejecimiento versó sobre el hacinamiento en los hogares de personas mayores en SFVC. Además, en base a la cantidad de miembros de los hogares, se pudo caracterizarlos a partir de sus ingresos. Allí se observó que en el 78,69% el ingreso per cápita fue inferior a $499.999 y el 60,66% de los hogares tuvo un ingreso per cápita inferior a un haber jubilatorio mínimo. Esta situación también puede encontrarse en el 55,78% de los hogares en donde las personas mayores conviven con menores de 10 años. Dicha problemática se profundiza al referenciarla con las canastas básicas realizadas por diferentes asociaciones civiles, ya que ninguna de sus mediciones se ubica por debajo de lo equivalente a dos jubilaciones mínimas.

Otra razón por la cual los ingresos y el poder adquisitivo de las personas mayores fueron elementos claves se encuentra en la composición de sus hogares: en el 20% de los hogares las personas mayores viven solas (hogares unipersonales). De ellos, el 55% corresponde a mujeres solas. Además, el 24,12% de los hogares son unigeneracionales (todas las personas tienen más de 60 años). Es decir, en el 44,22% de los hogares las personas mayores suelen vivir solas o acompañadas de otra persona mayor. Esta lista la completa un 55,78% de hogares multigeneracionales, donde la población mayor convive con otros grupos etarios. Allí se destaca que en el 41,44% de los casos de hogares multigeneracionales en donde viven personas mayores, también habitan menores de 10 años.

Esta caracterización de los hogares plantea interrogantes sobre la distribución y gestión de los cuidados tanto en el presente como a futuro, especialmente en aquellos hogares donde las personas mayores viven solas o con pares generacionales. Por su parte, la descripción de la situación actual permite derribar algunos mitos sobre las personas mayores: lejos de ser objeto del cuidado, son quienes actualmente lo proveen en un sentido amplio (económico, físico o afectivo).

En efecto, la gran proporción de personas mayores que vive sola o con otras de su cohorte etaria refleja la autonomía con la que cuentan. En la mayoría de los casos (incluso en aquellos multigeneracionales), las personas mayores son consideradas “jefe o jefa de hogar”, lo cual, según la definición de la EPH, refiere también al reconocimiento por parte de los demás miembros del hogar. Pero más allá del orden simbólico o representativo, las personas mayores desempeñan este rol en términos económicos: aunque mínimo o limitado, la amplia cobertura del sistema previsional argentino les brinda un ingreso estable, cumpliendo una función nodal en las estrategias de los hogares. De hecho, el 85,93% de las personas vivieron de alguna pensión o jubilación en los últimos meses.

El sesgo urbano en los relevamientos oficiales, como la EPH, es otro de los espacios en donde la diversidad del envejecimiento suele desatenderse. En una provincia con diferencias culturales y geográficas como Catamarca, esta limitación metodológica invisibiliza la coexistencia de diversos envejecimientos urbanos y rurales. Recuperando la crítica de Oliveri (2020), se advierte que la carencia de datos sobre calidad de vida y dependencia de las personas mayores por fuera de las grandes ciudades argentinas conduce a la construcción de políticas sociales basadas en imágenes estereotipadas de la adultez mayor, omitiendo una vez más su diversidad.

Entender al envejecimiento como un proceso a partir del enfoque del curso de la vida permite reflexionar sobre el devenir de las otras generaciones que conforman los hogares de las personas mayores. Por un lado, en contextos de vulnerabilidad, emerge otro problema: las situaciones de pobreza comienzan a compartirse y transmitirse entre los diferentes miembros del hogar. Esta dinámica se evidencia en la íntima relación entre la pobreza en personas menores y el tamaño y composición de los hogares, y aumenta a medida que crece la cantidad de hermanos y hermanas (Martínez, Rada Schultze et al., 2024). Así, emergen nuevos retos respecto a las estrategias de cuidado intra e intergeneracionales enfocadas a las personas mayores, como así también cuando ellas deben desarrollarlos para las personas más jóvenes. Es decir, cuando las personas mayores dejan de ser “objeto” del cuidado y postergan su bienestar para brindárselo a otras.

Así, las desventajas económicas tempranas o recurrentes se acopian en el curso de la vida, afectando las oportunidades de las generaciones actuales y los resultados futuros de las personas, así como generando un efecto multiplicador en otros miembros del hogar. Asimismo, la pobreza tiene aspectos multidimensionales en donde la exclusión opera como un fenómeno longitudinal y, mediante un efecto de desborde (spill-over), afecta negativamente otras esferas de la propia vida cotidiana, como así también a otros individuos (Vandecasteele et al., 2021). Producto de esta transmisión intergeneracional, las estructuras de posibilidades se vuelven “rígidas”, obturando los mecanismos de movilidad social ascendente (Dalle et al., 2017).

Finalmente, el contexto de envejecimiento poblacional argentino exige una revisión sobre los modos de abordaje e intervención. Las tendencias señalan que en las próximas dos décadas la población mayor será cercana al 19% (Dimier de Vicente, 2025), superando en 8 puntos porcentuales al grupo de 0 a 14 años (INDEC, 2025b). Este marco invita a repensar algunos aspectos sobre las formas de intervenir, incorporando perspectivas que reflejen fielmente la heterogeneidad de la vejez y entiendan al envejecimiento más allá de un proceso biológico: como una construcción social diferencial en el curso de la vida, atado a los múltiples eventos atravesados por cada biografía.

Por otra parte, ante las estimaciones que señalan que para 2050 el 80% de las personas mayores vivirá en países de bajos y medianos ingresos (OMS, 2024), es posible reflexionar desde los aportes de la sociología.

Combinando la mirada de esta disciplina y del paradigma del curso de la vida, el proceso de envejecimiento poblacional es, además de un fenómeno biológico, un hecho social: las personas transitan su biografía a la luz de los recursos con los que cuentan, al tiempo que son moldeados por las sociedades en las que habitan. La sociología del envejecimiento, en ese sentido, permite abordar la vejez como una construcción social que se ve influida por las pautas culturales, las políticas o su ausencia, y el acceso o restricción a determinados derechos.

Ahora bien, desde la Segunda Asamblea sobre Envejecimiento (ONU, 2002) se plantea el aumento de la esperanza de vida y la longevidad de la población como un logro contemporáneo. A ello debe anexarse que este hito demográfico es producto de diversas mejoras técnicas, sanitarias, tecnológicas y de condiciones de vida poblacionales. En otras palabras, son los Estados quienes celebran el aumento de la expectativa de vida e invierten en que ello ocurra. Asimismo, son también quienes adhieren a las diversas convenciones y tratados internacionales expuestos en busca de la promoción de derechos para la adultez mayor. Por tal razón, es también parte de su responsabilidad con su ciudadanía que el aumento en cantidad de años conseguidos incorpore calidad al tiempo por transitar.

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Autor de correspondencia:

1. Fernando Rada Schultze
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