UNA APROXIMACIÓN A LOS IMPACTOS DEL NEOLIBERALISMO EN EL DEBILITAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCAL EN TABASCO

An approach to the impacts of neoliberalism in the weakening of local citizen participation in Tabasco

fecha recepción: 20 de octubre de 2022 / fecha aceptación: 11 de noviembre de 2022

Alejandro May Guillén1

 


Cómo citar este artículo:

May Guillén, A. (2022). Una aproximación a los impactos del neoliberalismo en el debilitamiento de la participación ciudadana local en Tabasco. Revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, 8(2), 159-179. https://doi.org/10.29035/pai.8.2.159

 

 

“Aunque pueda parecer un poco extraño, que lo es,
hay que comenzar la historia diciendo que el Neoliberalismo s
í existe,
y tiene casi un siglo de existencia”

Fernando Escalante

“Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento
se hace a sí mismo responsable y se avergüenza,
en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema”

Byung-Chul Han

Resumen

El Neoliberalismo, como programa económico y político, ha tenido diversos impactos desde que en México se iniciara su implementación en la década de los 80´s. Entre ellos, se encuentran aspectos como la despolitización de la vida pública, especialmente en las universidades y el debilitamiento del estado de bienestar en el ámbito laboral gracias a la flexibilización de los contratos de trabajo y el aumento de la precarización laboral. Este artículo busca analizar y discutir algunos de estos impactos a nivel subnacional, particularmente en Tabasco. Se aspira, pues, a hacer una conexión entre la implementación del modelo neoliberal en México con sus particularidades en la entidad federativa de Tabasco y la influencia que dicho modelo ha tenido en la baja participación ciudadana local que se presenta en la actualidad.

Palabras clave: ciudadanía, democracia neoliberalismo, precarización laboral, participación ciudadana

Abstract

Neoliberalism, as an economic and political program, has had different impacts since it was implemented in México in the 80´s. Among these impacts, it finds aspects such as depoliticization of the public life, especially at the universities, and the weakening of the welfare in the labor aspect due to the flexibilization in the job contracts and the raising of precarious employment. This article seeks to discuss those impacts at a subnational level, particularly in Tabasco. It is aimed to make a link between the implementation of the neoliberal model in Mexico with its particularities in Tabasco and the influence that this model has had in the current low citizen participation in this state.

Keywords: citizenship, democracy, neoliberalism, labor precariousness, citizen participation

Introducción

La búsqueda de mejores condiciones sociales y políticas en nuestro entorno se ha materializado de diversas formas a través de la civilización humana. Un modo de materializar esta búsqueda es la creación misma de la democracia. La evolución de esta forma de construcción de civilización, al menos como ente político, ha visto en la época contemporánea el surgimiento de formas de materializar la democracia que buscan ampliar su abanico de canales de la voluntad colectiva, entre las que encontramos la participación ciudadana. Sin embargo, esta forma de involucramiento ha enfrentado obstáculos diversos, entre los que podemos encontrar la consolidación del modelo neoliberal en México.

Es así que el presente artículo busca responder a la pregunta: ¿qué consecuencias ha tenido la implementación del modelo neoliberal en Tabasco respecto del ejercicio de la participación ciudadana? Para ello se realiza un análisis con datos estadísticos y estudio de caso relacionado con los siguientes aspectos: 1) Despolitización de las universidades, 2) Profundización de la precariedad laboral, y 3) Crecimiento de la pobreza y la desigualdad en Tabasco. Así, se analizan condiciones económicas y sociales presentes en Tabasco que, nacidas desde una perspectiva de gobierno neoliberal –tanto a nivel federal como estatal–, han contribuido a debilitar y en otros casos a reprimir la participación ciudadana en Tabasco.

En este orden de ideas, se busca mediante el análisis de estos tres aspectos en Tabasco contribuir a argumentar que el ejercicio de la participación ciudadana en esta entidad federativa se ha visto debilitado por la implementación del modelo neoliberal en México.

Aquello llamado Participación Ciudadana

La participación ciudadana es entendida como la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios incorporando intereses particulares (no individuales), lo que genera compromisos institucionales y exige crear un clima de trabajo comunitario donde la deliberación pública, la interacción social y el respeto por el pluralismo son valores y prácticas positivas y esenciales de la democracia (Ziccardi, 2004).

El Instituto Federal Electoral (INE, 2015), ahora Instituto Nacional Electoral, define la participación ciudadana como toda acción en la que intervienen personas pertenecientes a una comunidad (localidad, municipio, estado o país) para la toma de decisiones de la vida social.

Por otro lado, Serrano (2015) define participación ciudadana como aquella en donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Los mecanismos de democracia directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas), la revocación de mandato (recall) y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, son formas de participación ciudadana.

Este tipo de participación es fundamental para alcanzar un desarrollo que permita sortear con éxito desafíos que superan las capacidades de lo nacional (ONU, 2017). Por otro lado, a nivel local este reto se amplía, pues el desarrollo en este entorno debe insertarse en el marco de una estrategia democrática de participación que permita a los ciudadanos ser artífices de su destino, dejando de ser sujetos pasivos de las decisiones de los poderes públicos y convirtiéndose en ciudadanos participativos, exigentes con las soluciones que se aportan, conscientes de los problemas de su colectividad e implicados en la solución de los mismos (INCA, 2004). La participación, además, juega un papel educativo dentro de la democracia en el sentido más amplio (Pateman, 1970).

Así, la participación ciudadana representa un tema clave en las democracias modernas en razón de diversos aspectos. Entre ellos, destaca que es un derecho humano, específicamente la participación de toda persona en el gobierno de su país, lo que se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, este derecho es detallado en el Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el que plantea la participación directa de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos. Por tanto, su ejercicio que no solo es deseable, debe en todo momento garantizarse, protegerse y fortalecerse por parte del Estado mexicano.

Como toda expresión social, la participación ciudadana tiene factores que tanto pueden alentarla como inhibirla. Al respecto, se han realizado estudios que han buscado, desde el nivel subnacional, profundizar en la identificación de factores que inhiben la participación ciudadana.

Orenday y Tapia (2018) establecen que existen factores que influyen positiva o negativamente en el ejercicio de la participación ciudadana. En ese sentido, Rendón (2006) menciona que la desigualdad social influye para que los ciudadanos no participen, porque muchas veces el lenguaje y el discurso de la política no permite el completo entendimiento de lo que el gobierno o los representantes de partidos políticos prometen, es por ello que muchas personas prefieren abstenerse de votar o de participar.

Vásquez (2013) estudió los factores que influían en la participación ciudadana, haciendo un análisis comparado entre Bogotá y Madrid, encontrando que los factores que más influían en el ejercicio efectivo de procesos de participación ciudadana eran el color de partido y sistema de partidos, el sistema de gobierno y el modelo de distribución territorial al interior de cada ciudad.

Paitan y Velarde (2014) realizaron un estudio para identificar los factores limitantes de la participación ciudadana en las asociaciones de viviendas en un distrito de El Tambo, Huancayo en Perú. En sus resultados reportaron de forma diferenciada los factores que limitan la participación ciudadana. En cuanto a los económicos, encontró que en orden descendente los factores que influyen son la falta de disponibilidad de tiempo, los bajos ingresos económicos y el bajo nivel educativo. En el plano político encontró la escasa participación en alguna organización política, carencia de pertenencia institucional y la falta de confianza en los socios. Finalmente, entre los factores culturales encontró que la carencia de consciencia ciudadana, el individualismo de los socios, así como el asistencialismo limitaban la participación ciudadana.

González (2014) evaluó los factores que inciden en la participación ciudadana en temas de seguridad pública en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, encontrando que la desconfianza hacia las autoridades, así como el desconocimiento de mecanismos de participación ciudadana influían de forma negativa en el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones.

En el plano internacional también hay estudios sobre el tema, como por ejemplo el realizado por Shamai, Abya y Ebrahimi (2015) en el distrito 13 de Teherán, Irán, con el objetivo de identificar los factores que tenían una mayor influencia en la participación ciudadana, encontrando que la cohesión social, la percepción de beneficios de la participación y la confianza en la administración del municipio son los factores que más influyen en la participación ciudadana de este espacio.

De acuerdo a estos hallazgos, podemos considerar que es factible discutir que aspectos como la desigualdad, la cohesión social y la carencia de ingresos suficientes obstaculizan la participación ciudadana en la población. Estos elementos tienen una relación interesante con el neoliberalismo, pues justo son aspectos que se ven, en el caso de la desigualdad y la carencia de ingresos, potencializados y, en el caso de la cohesión social, disminuidos vía la individualización de las sociedades.

¿Qué es el neoliberalismo?

El surgimiento de esta corriente de pensamiento sigue siendo motivo de discusión y análisis. Una de las formas de documentar su aparición es la que tiene a Herbert Spencer como protagonista, siendo él quien expresaría que el Estado debía tener límites y que estos límites se ajustarían precisamente a la libertad de los individuos de decidir (Cardoso, 2006). En ese sentido, resalta también el papel destacado de personajes en su consolidación en el siglo XX como Friedrich Von Hayek y Milton Friedman.

Hay diversas formas de entender y definir al neoliberalismo. Por ejemplo, Heynen et al., 2007 (en March, 2012), lo definen como la filosofía económica y política que cuestiona (e incluso rechaza) la intervención del gobierno en los mercados y en las relaciones económicas de los individuos. Por otro lado, Noel Castree (2008) expresa que el neoliberalismo es un modelo de gobernanza exhaustivo que pretende naturalizar el mercado como el medio para evaluar y distribuir las necesidades y los lujos de la vida.

Finalmente, Escalante (2015) brinda la definición en mi opinión más sencilla al expresar que entendemos al Neoliberalismo como un programa intelectual que también es un programa político con una serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, derivados de aquellas ideas y que tienen el propósito de frenar y contrarrestar el colectivismo en aspectos muy concretos.

¿Cómo se materializa el neoliberalismo?

Esta ideología política se ha visto materializado de diferentes formas, mismas que me permito mencionar en el marco de los apartados integrados en el presente ensayo.

Vilas (1997), en Calvento (2006), expresa que el neoliberalismo se materializó en América Latina –incluyendo a México– de tres formas:

a) Descentralización: implica la transferencia de decisiones de política social a municipios, gobiernos provinciales y Organizaciones No Gubernamentales.

b) Privatización: su objetivo era aliviar la crisis fiscal de los Estados y mejorar la calidad de los servicios.

c) Focalización: como oposición al universalismo característico del modelo económico anterior, respondía a la necesidad de confrontar la masificación de los problemas sociales con fondos recortados.

Pero la ideología neoliberal trasciende la forma en que se materializa en lo político y en lo económico. Llega también hasta lo social, transformando las formas de interrelación, convivencia y coexistencia del mismo ser humano. Por ejemplo, una característica presente en lo social es que esta ideología enfatiza la perspectiva individualista en la sociedad, una que prioriza el bienestar personal antes que el colectivo. Ello deriva, por un lado, en idealizar el discurso de superación personal, el que puede ser fácilmente apreciado, por ejemplo, en el ámbito del emprendimiento capitalista en la actualidad. Por otro lado, minimiza y dificulta todas aquellas expresiones de asociación y luchas colectivas.

Estas manifestaciones se ven reflejadas en la descripción que Zygmunt Bauman hace al referirse a la modernidad líquida (2000). Este momento de la historia, señala este autor, contribuye a un entorno en donde hemos renunciado a la era del compromiso mutuo, en donde la desintegración de la trama social y desmoronamiento de las agencias de acción colectiva suelen señalarse con gran ansiedad y justificarse como “efecto colateral” anticipado de la nueva levedad y fluidez de un poder cada vez más móvil, escurridizo, cambiante, evasivo y fugitivo (Bauman, 2000).

Es también Bauman (2000) quien señala que, en este tramo contemporáneo de la historia, la individualización parece ser la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. En esta etapa, el ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado (Lipovetsky, 1983). Bauman también diría que este proceso de individualización consiste en transformar la “identidad” humana en algo “dado”, en una “tarea” y en hacer responsables a los actores de la realización de esta tarea y de las consecuencias (así como de los efectos colaterales) de su desempeño (2000).

Byung-Chul Han (2019) va más allá al afirmar que, con esta perspectiva, las personas al estar individualizadas, desmembradas de la comunidad, se encuentran con la creencia de que, al ir algo mal, son ellas las responsables de esta situación y no piensan en cuestionar al sistema. Siendo explotadas en lugar de ser revolucionarias pasan a estar deprimidas. Estamos, pues, a las puertas de una hiperindividualización que ha emergido en detrimento de las colectividades, mermando con ello las posibilidades de impulsar agendas desde las comunidades menos privilegiadas. En ello el neoliberalismo, expresión más radical de la agenda del liberalismo económico, ha tenido un profundo éxito.

Por otro lado, el neoliberalismo, como agenda política e ideológica, contribuye también la despolitización de la sociedad. Duverger (1970) define despolitización como la actitud negativa de los ciudadanos frente a la participación en política. Esta despolitización favorece el conservadurismo, garantizando que las posiciones de privilegio no se vean cuestionadas, además de que, vistas a la luz de la modernidad líquida planteada por Zygmunt Bauman, estos procesos de despolitización tienden a agudizarse favoreciendo fenómenos como el corporativismo, el clientelismo, la corrupción y la apropiación criminal del estado (Rodríguez y Arango, 2016).

Implementación del neoliberalismo en México

El neoliberalismo se comenzó a implementar en México en 1982. Esta articulación en nuestro país se dio casi a la par que en Latinoamérica, abogando por la apertura a la economía mundial, ajustes estructurales, liberación de los mercados, entre otras acciones de gran calado económico, político y social.

Salazar (2004) expresa que, a partir de 1982 y durante tres administraciones (1982-2000), se aplicó en México el proyecto neoliberal que se tradujo en el abandono del Estado interventor, así como de su responsabilidad social. Además, se reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (“hacia adentro”) por la liberalización y desregulación industrial, comercial y financiera (hacia fuera) lo que, a diferencia de antaño, terminó por dar prioridad al capital financiero o inversión de cartera sobre el capital productivo.

Salazar también señala que, en esencia, el neoliberalismo propone cinco mecanismos para darle la justa importancia al mercado sobre la función estatal: I) descenso del gasto público; 2) políticas monetarias restrictivas; 3) disminución salarial; 4) desmantelamiento del Estado benefactor; y 5) privatización de empresas y ámbitos estatales. Agrega que la crítica neoliberal resalta que las actividades estatales son fundamentalmente improductivas, que afectan negativamente a la producción de riquezas y propician el creciente déficit fiscal; el gobierno es directamente responsable de la inflación por no controlar la impresión del dinero y por no limitar su endeudamiento.

El modelo neoliberal en México tuvo una de sus caras más visibles en las privatizaciones. Sacristán (2006) relata que la desincorporación de empresas estatales que pasaron a manos de particulares implicó 294 liquidaciones y extinciones, 72 fusiones, 25 transferencias y 155 empresas vendidas al sector privado o al sector social. Como conclusión, se tuvo que los gastos sobrepasaron los ingresos recibidos por la privatización.

Cálix (2017) señala que este modelo llevó a un proceso de desindustrialización y a la eliminación de cadenas domésticas de producción. Además, señala que la promesa de generar empleos de calidad fue truncada, pues las medidas neoliberales implementadas, lejos de generar este efecto, incrementaron la economía informal, deterioraron los ingresos reales, acentuaron la acumulación de riquezas y elevaron los niveles de pobreza.

Así, Guillén (2007) plantea que el modelo neoliberal ha acentuado la heterogeneidad estructural del sistema productivo y de la estructura social y se han generado procesos de marginalidad, exclusión y descomposición social y, aun, de desintegración cultural. Además, agrega que este modelo creó un sistema productivo desarticulado y extrovertido, carente de motor interno y sujeto a los vaivenes del mercado estadounidense, dependiente de ventajas competitivas estáticas como el bajo nivel de salarios o la cercanía geográfica de EE.UU.

Para el caso de Tabasco, el neoliberalismo se vio materializado en disposiciones gubernamentales que han tocado el orden nacional. Sin embargo, los efectos que este programa económico, político y social tienen particularidades que revisaremos con mayor detenimiento.

Participación ciudadana en Tabasco: algunas aproximaciones

Tabasco es una de las entidades con menor participación política junto a Veracruz, Sonora y el Estado de México (INE, 2015). Si bien es cierto que la participación política es distinta a la participación ciudadana, sí establece un parámetro relevante para el estudio del involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones del orden público en el estado. Por otro lado, la presencia de organizaciones de Sociedad Civil en Tabasco también es escasa, con un registro hasta 2019 de 578 OSC promediando solamente 23 por cada 100 mil habitantes (Gobierno de México, 2019).

Para el caso de Tabasco, la participación ciudadana en el estado no se ha ejercido de forma idónea, pues la ciudadanía no se ha involucrado efectivamente en la toma de decisiones del orden público. En Tabasco existe una escasez de mecanismos formales de participación ciudadana, los que operan de forma limitada. Entre ellos, destacan el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, en donde participa un representante de la sociedad civil, y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en donde los puestos relevantes son ocupados por ciudadanos y ciudadanas aprobadas por el Congreso local, entre otros mecanismos dispersos implementados, tales como cabildo abierto y los mecanismos de solicitud de acceso a la información, los que son sumamente desconocidos por la población.

En ese sentido, es preciso prestar atención a dos condiciones presentes en el último par de años que pueden contribuir a ampliar el espectro de análisis de la participación ciudadana en Tabasco. Estas dos condiciones consisten en, por un lado, la inexistencia de la Ley de Participación Ciudadana de Tabasco, instrumento jurídico imprescindible para la realización de ejercicios de democracia directa en esta entidad federativa y, por otro, el reciente endurecimiento del Código Penal para el estado de Tabasco, para castigar más severamente manifestaciones y marchas en el estado. A continuación, se describen ambos contextos:

Ausencia de la Ley de Participación Ciudadana en Tabasco

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su Artículo 8 bis establece las disposiciones generales para la participación ciudadana a nivel estatal. En estas disposiciones, se encuentran aspectos que desde un inicio muestran un severo obstáculo para la realización de los mecanismos de participación ciudadana ahí enunciados. Por ejemplo, para realizar un referéndum, consistente en la aprobación o rechazo de una decisión o acto del gobierno estatal o municipal, se requiere la firma de 10% de la lista nominal. Esto equivale a más de 160 mil firmas a nivel estatal, lo que contrasta con lo dispuesto en otros estados como Jalisco, en donde el porcentaje que se pide es del 2.5 por ciento de la lista nominal. Hay, pues, una dificultad mayor para acceder a este derecho por parte de la ciudadanía tabasqueña.

Por otro lado, para que este mandato se pueda materializar se requiere de su Ley secundaria, consistente en la Ley de Participación Ciudadana, misma que se encuentra derogada desde 2013. En este año, la Ley que en aquel entonces existía para tal propósito fue derogada con miras a crear una nueva. Desde esta fecha, y por espacio de 7 años, la Ley respectiva no ha sido promulgada e, incluso, no ha sido un tema sujeto a discusión en el seno del poder legislativo local en las últimas tres legislaturas.

Este acto, que por sí mismo constituye una omisión legislativa (Báez, 2002), representa también una severa vulneración al derecho humano de la participación de toda persona en el gobierno de su país. Dicha vulneración limita y obstaculiza el involucramiento efectivo de la ciudadanía en las decisiones del orden público y, con ello, evita que tome en cuenta la visión de la población en el quehacer político de su esfera colectiva.

Endurecimiento de las penas por realización de bloqueos carreteros y marchas en Tabasco

Otro acto que constituye una afrenta al derecho humano de la participación ciudadana en Tabasco es la reciente modificación del Código Penal para el estado de Tabasco en lo que se denominó públicamente la #LeyGarrote. En 2019, el Gobernador Constitucional del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, envió una iniciativa de modificación de ley al H. Congreso del estado de Tabasco que consistía en la modificación de los artículos 299, 306, 307 y 308, así como la adición del artículo 308 bis del Código Penal para el estado de Tabasco. Esta modificación incrementó las penas relacionadas con la realización de bloqueos en la entidad quedando, en el caso del artículo 308 bis, de la siguiente forma:

Artículo 308 bis. Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.

Esta modificación a la ley fue fuertemente cuestionada por su carácter coercitivo y represor, mismo que compromete seriamente derechos humanos tales como libertad de expresión y libertad de reunión y manifestación, que son fundamentales para el ejercicio de la participación ciudadana. Estas modificaciones, que fueron enviadas al pleno y llamadas por los medios y activistas como #LeyGarrote, fueron discutidas y aprobadas en una semana. Posteriormente, fueron motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2019). El 02 de marzo de 2021 la SCJN declaró inválidos los artículos 196bis, 299 y 308bis.

Resultados: Consecuencias del neoliberalismo en Tabasco relacionadas con el ejercicio de la participación ciudadana

Habiendo descrito de forma breve la implementación del neoliberalismo en México y en Tabasco, así como precisado el contexto actual que se vive en Tabasco en cuanto a participación ciudadana se refiere, es pertinente profundizar en cómo el neoliberalismo ha mermado la capacidad de la ciudadanía para involucrarse activamente en la toma de decisiones en el orden público. Para ello, es pertinente hacer el intento de responder a la pregunta: ¿cómo el neoliberalismo en Tabasco ha propiciado que tengamos condiciones desfavorables para la participación ciudadana?

A continuación, se describen condiciones que, divididas en tres líneas de materialización, buscan mostrar a dichas condiciones como consecuencias del neoliberalismo en Tabasco.

1. Despolitización de la educación en la educación superior en Tabasco

Escalante (2015) expresa que el neoliberalismo tiene el conflicto más largo y áspero en la educación. Tanto en el tema presupuestal –por su abultado destino de recursos– y la forma en que se planea –sin terminar de ajustarse a una visión de mercado– representa un campo en disputa.

En ese campo, destaca la educación superior donde, nuevamente de acuerdo con Escalante, el neoliberalismo ve a las universidades como una asignación poco eficiente de los recursos públicos, en el peor de los casos, puro desperdicio. Esa misma visión lleva, por ejemplo, a eliminar el carácter definitivo de la relación laboral con el profesorado, para que nadie tenga su plaza asegurada y siempre esté en juego su empleo. Esto también implica eliminar el escalafón, el ascenso automático por antigüedad, y que nadie tenga asegurado su nivel de ingresos para que los maestros se vean obligados a trabajar más.

Esta visión se ha visto materializada en la educación superior en Tabasco, donde esta inseguridad laboral ha encontrado alojo en la mayoría de las universidades.

En ese sentido es importante revisar la composición de las universidades en Tabasco. Actualmente existen 19 instituciones de Educación Superior. Estas instituciones se encuentran repartidas entre 7 Institutos Tecnológicos, 3 Universidades Politécnicas, 2 Universidades Tecnológicas, 1 Universidad Intercultural, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Esta última es la más importante del estado con una matrícula superior a los 30.000 estudiantes. La más pequeña en cuanto a matricula es el Instituto Tecnológico Nacional Campus Huimanguillo con 212 estudiantes.

De estas universidades, se tiene conocimiento de la existencia de solamente 3 sindicatos: uno en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), uno más en el Instituto Tecnológico de Villahermosa (ITVH) y otro en la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH). De acuerdo a un análisis en sitios electrónicos de las demás universidades, ninguna reporta la existencia de un sindicato, ya sea de personal académico o de trabajadores en general. Asimismo, tampoco ninguna de las 17 universidades restantes refiere en alguna nota la existencia de alguna agrupación estudiantil respaldada por alguna normativa orgánica universitaria, tal y como son las sociedades de alumnos o asambleas universitarias existentes en otros centros universitarios del país, o como existe en la misma UJAT, ITVH y UPCH. También es preciso apuntar que más de 50 por ciento de las universidades en Tabasco surgieron del año 2000 en adelante. Las únicas que cuentan con sindicatos y estructuras de representación estudiantil se crearon antes de este año.

Dentro de estas universidades merecen especial mención las Universidades Politécnicas, de las cuales existen tres en Tabasco. Estas instituciones de Educación Superior (IES) no cuentan con sindicato, careciendo de condiciones de estabilidad laboral para el profesorado tales como bases definitivas. Incluso, hay un caso de represión documentado ante el intento del profesorado de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) para formar de formar su propio sindicato que abogara por revisiones salariales y asignación de plazas definitivas. Irónicamente, este movimiento se inició ante el aumento indiscriminado de horas clase a Profesores de Tiempo Completo (PTC´s) en detrimento de Profesores de Asignatura quienes fueron despedidos ante la supuesta necesidad de hacer más eficiente el presupuesto y reducir gastos en pago de personal (May y Barrera, 2019).

En estas universidades, además, se carece de representaciones estudiantiles respaldadas por disposiciones orgánicas en las propias leyes de las universidades. Pero ¿es posible pensar que la ausencia de sindicatos en las universidades pueda ser vista más allá del solo debilitamiento de la lucha por un empleo más digno? ¿Es posible usar esta perspectiva de análisis para considerar que se contribuye a la despolitización de la educación superior al no contar con sindicatos y representaciones estudiantiles en las universidades?

Para responder estos cuestionamientos me basaré en una sencilla premisa: hay formas de politización de una sociedad que, al no existir dentro de las universidades las condiciones para el desarrollo de un sentido crítico en quienes conviven en ellas, son más reducidas. Este fenómeno, más que algo fortuito, es resultado de una línea de acción neoliberal en la educación superior. A continuación, se describe cómo ciertas condiciones en las universidades afectan la capacidad para alentar el involucramiento político de quienes forman parte de ellas.

a) Carencia de oportunidades para el fortalecimiento de capacidades de organización para la exigencia de derechos

Cuando estudiantes universitarios, durante su carrera, son testigos de movilización por sindicatos dentro de las universidades, existe un proceso de politización que hace consciente al estudiantado de luchas colectivas. Los llamados a huelga, las marchas y las manifestaciones críticas de los sindicatos ante el poder –en este caso, el poder formal materializado en las direcciones académicas– representa un dispositivo que activa en el estudiantado la sensación, por decirlo de la forma más básica, de que “algo está pasando”.

Estas experiencias permiten al estudiantado que, de forma activa o pasiva, puedan ser testigos de expresiones orientadas a la mejora de la colectividad. Escuchan a temprana etapa conceptos como “justicia social”, “empleo digno” o “lucha sindical” que, sin profundizarse, empiezan al menos a ser parte del léxico integrado a la vida universitaria.

Sin querer romantizar las luchas sindicales en las universidades, es preciso apuntar que estas experiencias permiten tener una noción más crítica en la educación superior sobre lo que es y lo que debe ser en el entramado de las relaciones laborales en las universidades. Activa un proceso de politización en el que, al menos, se discute si tienen razón o no, y ello lleva, en el mejor de los casos, a procesos de solidaridad, empatía y hasta suma a ideales de lucha por condiciones mejores para una colectividad, en este caso, las y los trabajadores.

En el caso de las asambleas estudiantiles la relevancia es aún mayor. Son espacios en donde se exige la discusión crítica de ideas, que, sin estar exentos también de los vicios de la misma política mexicana, permite al menos la creación de redes de apoyo, que si no comunidades, para la lucha y confrontación de ideas sobre qué es lo mejor para el estudiantado al interior de las universidades.

La carencia de estas experiencias en la vida universitaria representa una seria deficiencia en cuanto a su propia conformación como un ser político. Impide la generación de capacidades de organización colectiva, obstaculiza la sensación de lucha por algo más que uno mismo y limita considerablemente la generación de capacidades de incidencia del alumnado.

b) Limita la capacidad de agencia de los actores que confluyen en la universidad, especialmente de profesorado y alumnado

Al no contar con experiencias de exigencia crítica de derechos al interior de las universidades, se limita considerablemente la percepción del estudiantado y del profesorado para creer que puede incidir en el mejoramiento de su entorno.

En tanto menos referencias de incidencia efectiva tienen, menos probable será que consideren que organizándose podrían generar algún cambio. Este punto adquiere especial relevancia si consideramos la trascendencia que tienen en la historia de los movimientos sociales los casos de luchas que han logrado hacer realidad sus demandas y como estos alientan a luchas similares.

Al no tener contacto con este tipo de expresiones al interior de las universidades y, con ello, no alentar al menos la posibilidad de pensar que la voz de profesorado y alumnado cuenta, se impide que haya transformaciones nacidas desde estas trincheras. Así, de forma paulatina, se limita sistemáticamente la capacidad de influir en el entorno universitario.

 

Figura 1

Diferencias entre la presencia de sindicatos y representaciones estudiantiles en las Universidades

Diferencias entre la presencia de sindicatos y representaciones estudiantiles en las Universidades

Fuente: Elaboración propia

 

2. Profundización de la precariedad laboral

Tabasco ha ocupado por tres años consecutivos el primer lugar en desempleo a nivel nacional, ocupando en el primer trimestre de 2020 una tasa de 5.3 en porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa (INEGI, 2020). Estas condiciones de desempleo han mermado considerablemente la movilidad social de la población al reducir las posibilidades de crecimiento económico y estabilidad laboral.

Sin embargo, en los empleos generados también encontramos datos alarmantes. No es solo la generación de empleos lo que garantiza condiciones de bienestar, sino también empleos dignos, definidos por la Ley Federal del Trabajo como aquellos en los que

(…) se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho a huelga y de contratación colectiva. (Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo de México)

Una forma de identificar la presencia o ausencia de empleos dignos es a través de las personas subocupadas, es decir, aquellas personas con edad de 15 años y más que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite (INEGI, 2020).

Para el caso de Tabasco, la tasa de subocupación ha superado la media nacional de forma constante desde los registros de 2012. Para el primer trimestre de 2020, la tasa nacional era de 8.7% mientras que para Tabasco se alcanzó una cifra de 14.2% (INEGI, 2020). Ello nos arroja una situación en el estado en donde no solo hay escasez de empleos, sino, además, una presencia récord a nivel estatal de personas subocupadas.

En ese sentido, y si seguimos los hallazgos en los estudios antes mencionados, la precariedad laboral y la consiguiente escasez de recursos económicos para garantizar la sostenibilidad personal y de la familia, inciden negativamente en las capacidades y posibilidades de la población para involucrarse de forma efectiva en procesos de participación ciudadana. Se tiene menos tiempo fuera del trabajo, lo que hace más difícil las posibilidades de las y los ciudadanos para involucrarse en actividades de incidencia pública como ciudadanía.

 

3. Crecimiento de la pobreza y la desigualdad en Tabasco

De acuerdo al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la pobreza se define como el estado en el que se encuentra una persona cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

También en ese sentido, la OCDE (2015) define desigualdad como la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población. Para su medición, la forma más habitual es a través del coeficiente de GINI definido como aquel que mide la desigualdad económica de una sociedad mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población.

Ambos puntos de análisis son fundamentales para comprender el comportamiento de la economía en el ámbito social. Para el caso de Tabasco son elementos que amplían la visión de análisis sobre los impactos del neoliberalismo en su territorio. Desde 2016 al segundo trimestre de 2020 su economía ha decrecido, acumulando 18 trimestres de contracción económica (INEGI, 2020), ocupando por 6 años consecutivos el primer lugar en desempleo a nivel nacional (INEGI, 2020). Este es el periodo de mayor gravedad en cuanto a desempeño económico. Cabe apuntar que de 1981 a 2019 la economía en Tabasco creció solamente 1.4% anual en comparación con el crecimiento promedio nacional que alcanzó 2.6% anual.

La situación reciente en Tabasco es tal que, para 2018, el 53.6% de la población en la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 1.320.200 personas aproximadamente. De ellas, el 41.4% estaba en situación de pobreza moderada mientras que el 12.3% se encontraba en situación de pobreza extrema. En términos generales, el porcentaje de pobreza en Tabasco es 11.7 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (INEGI, 2020).

Conclusiones: ¿qué hacer ante el avasallamiento de nuestra capacidad para dirigir nuestro propio destino político?

Las líneas aquí descritas buscaron retratar una parte de un fenómeno mucho más amplio y profundo. Se cierra este artículo considerando lo sumamente complejo que es rastrear una sola causa de los problemas aquí descritos, pero que, en definitiva, inciden directamente en la capacidad de la ciudadanía para involucrarse en la gestión pública de su propio destino. También, es relevante reflexionar en todos aquellos impactos que el neoliberalismo genera en nuestro entorno y que no son evidentes. Y justamente al no ser evidentes se ignora su posible aparición en la esfera política y, por tanto, sus posibles consecuencias negativas.

Se concluye también considerando que este ensayo es apenas un acercamiento muy endeble a un tema tan amplio y diverso como el propio neoliberalismo. Quizá las pruebas que aquí se plasman no sean las suficientes para relacionar el fortalecimiento del neoliberalismo como agenda política y el debilitamiento de la agencia de la ciudadanía para decidir su propio rumbo vía la participación ciudadana. Pero, sin duda, lo aquí escrito abona a un tema que merece un análisis más detallado: el impacto del neoliberalismo en la participación ciudadana a nivel local.

Por otro lado, y trascendiendo la academia, es claro que ante un programa que intenta alienar universalmente, como lo es el neoliberalismo, es imprescindible la formación política en las propias universidades. Un primer paso es hacerlo desde una perspectiva de conciencia de nuestros propios derechos –primordialmente desde la perspectiva de Derechos Humanos– y también de aspectos básicos para defenderlos. ¿Podríamos imaginar si en las universidades existieran programas en donde el profesorado y alumnado estuviera en todo momento conscientes de sus derechos fundamentales y, también, de cómo accionar cuando estos sean violentados? Tendríamos espacios sumamente críticos, donde la disputa ideológica adquiriría un sentido de justicia y dignidad. La mejor forma de poner a raya el individualismo, parte importante del neoliberalismo, es justamente el sentimiento de comunidad. Y quizá así, mediante la lucha por la justicia al interior de las instituciones de Educación Superior, se podrían tener raíces más fuertes vinculadas a la solidaridad ante embates que comprometan la dignidad de cualquier persona o grupo social al interior de ellas.

Otro elemento importante es la propia reinvención de las ciencias sociales, de las que ya apuntaba Bauman (2000) que tienen una crítica “sin dientes”. Desde ellas, tenemos la necesidad ya no solo de discutir el pasado –siempre sujeto de análisis pertinente– sino también disputar el futuro. Arjun Appadurai (2016) diría que ahí reside una lamentable dolencia, pues hemos convertido a la economía en la ciencia que define al futuro y a las ciencias sociales las que solo conversan sobre el pasado. Tenemos en la discusión misma del futuro un campo sumamente necesario de lucha por incidencia de forma que aboguemos por una sociedad más justa, incluyente y digna.

Finalmente, es sustancial mencionar que lo revisado en este documento es una mirada aún reducida en el amplio abanico de condiciones que comprometen y dificultan la participación política, en este caso, la participación ciudadana. Hay un terreno amplio de análisis que se encuentra pendiente sobre cómo la mayoría de personas y grupos sociales no se encuentran en los espacios políticos de toma de decisiones. Lo que apreciamos en estas líneas es apenas un pincelazo de un fenómeno aún más amplio y profundo que genera una participación política y diferenciada a la cual debemos prestar suma atención. El conjunto de condiciones económicas y sociales, sumadas a condiciones de opresión, conducen a una posición donde la influencia política de las y los marginados es prácticamente nula, apuntalando la visión política de aquellas y aquellos que, con condiciones más favorables, intervienen de forma más efectiva en la esfera política moldeándola desde y para su propia perspectiva.

El desafío es enorme y descomunal. La coyuntura marca un trance en donde nos toca el escenario más desafiante en las últimas décadas originado por el virus COVID-19. Quizá tan fuerte como ha sido el golpe a la esfera social, económica y política por esta pandemia, tendría que ser también la sacudida. Habrá que trabajar para que así sea, al menos desde las ciencias sociales latinoamericanas.

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Dirección de correspondencia:

Alejandro May Guillén

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  1. 1 Estudiante del Doctorado en Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas. Ciudad de México, México. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Correo electrónico: amay@institutomora.edu.mx, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2549-3767